Los 13 acusados en la Operación Campeón tratan de alcanzar un acuerdo con la fiscalía
Afrontan penas de hasta 24 años de cárcel y más de 85 millones de euros en multas por participar en una presunta trama de obtención de subvenciones públicas
La Operación Campeón, que destapó en 2011 una presunta trama para la obtención de subvenciones públicas a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), llega este martes a juicio con trece acusados de los delitos tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. La fiscalía de Lugo presentó escrito de acusación en noviembre de 2015 y solicita para los procesados penas de hasta 24 años de cárcel y más de 85 millones de euros en concepto de multas, indemnizaciones al Estado y devolución de subvenciones concedidas por la Xunta.
Los acusados, que carecen de antecedentes penales, han sido citados para que comparezcan en la sección segunda de la Audiencia de Lugo para iniciar la vista oral en la que se abordarán las cuestiones previas de un proceso que podría terminar en acuerdo de conformidad entre la fiscalía y las defensas lo que conllevaría la suspensión del juicio y una rebaja de las penas de cárcel solicitadas por la representante del ministerio público, María Vázquez Gómez.
La investigación judicial se inició en 2010 en torno a una subvención del Igape por importe de 6 millones de euros que estaba gestionando Laboratorios Asociados Nupel, SL, En realidad era un simulado proyecto de inversión para la puesta en funcionamiento de una planta de producción de productos farmacéuticos en unidosis. Al frente de este proyecto estaba el empresario y principal acusado, Jorge Dorribo, y su socio Arsenio Méndez, para los que se solicitan condenas de 24 y 11 años de prisión. Ambos se sirvieron de una agencia consultora cuyos responsables, Carlos Monjero y Javier Rodríguez, también fueron procesados y afrontan condenas de 10 y 8 años, respectivamente.
Para la consecución de las referidas ayudas contaron con la mediación del entonces diputado y concejal del PP en el Ayuntamiento de Oleiros, Pablo Cobián, "para allanar posibles obstáculos y problemas de tramitación", según expone la fiscal en el relato de los hechos probados y pide para político 11 años de cárcel. Cobián, que abandonó sus cargos en 2011, intermediaba entre Dorribo y el director del Igape Joaquín Varela, otro de los acusados, gestiones que "resultaron determinantes para que la empresa farmacéutica obtuviese las ayudas públicas solicitadas", subraya el fiscal. Para Varela la pena solicitada es de dos años y 9 meses de prisión.
El pretendido préstamo oficial estaba contemplado en un programa de la Xunta con fondos del Banco Europeo de Inversiones. Así, el consejo de dirección del Igape acordó en diciembre de 2010 conceder a Nupel la operación de préstamo que en realidad se tramitó con facturas y documentación falsa que se exigía como garantía hipotecaria y que presentaron los gestores de Dorribo. "La mecánica fraudulenta para obtener la subvención dio lugar además a numerosos asientos contables ficticios", subraya la fiscalía.
Como contrapartida a las gestiones de intermediación entre Jorge Dorribo y el director del Igape encomendadas al diputado "sin las cuales nunca se hubiesen podido obtener la subvención", subraya la acusación, éste recibió del empresario la suma de 60.180 que Nupel facturó en concepto de patrocinio del equipo de carreras de karts. También constan en la investigación otros dos sobornos de de 6.000 y 13.000 euros por parte de los dueños de la empresa.
También recoge la investigación que los dos empresarios, como administradores de Nupel, "actuando con ánimo de beneficio ilícito a costa de los bienes y derechos que constituían el patrimonio de la sociedad", durante el año 2010 realizaron de común acuerdo diversas operaciones para descapitalizar la empresa, como el reparto de dividendos, pese a que la entidad registraba pérdidas según la contabilidad oficial, en perjuicio de Nupel y de sus acreedores al disminuir su solvencia patrimonial, lo que preparó un procedimiento concursal que ellos mismos instaron en nombre de la entidad.
En este proceso judicial también fueron acusados, el entonces subidrector de información del Igape, Carlos Silva, y la directora del área de formación, Cristina Quintela. Ambos afrontan igual condena que Joaquín Varela, director del citado instituto de dos años y nueve meses de cárcel.
El resto de los acusados son empleados y contables que participaron en presunta falsificación de información fiscal para Nupel. El fiscal pide condenas de siete meses a tres años para Araceli González, María Isabel Fernández , María Inmaculada Abuide, Marcos Iglesias y José Manuel Expósito.
