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Una escalada de tensión

El independentismo redobla su pulso al Gobierno en dos semanas de vértigo tras la Diada en defensa del referéndum

Àngels Piñol
Los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, subidos en el techo de un coche de la Guardia Civil durante las protestas por los registros ordenados por un juez en la Consejería de Economía.
Los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, subidos en el techo de un coche de la Guardia Civil durante las protestas por los registros ordenados por un juez en la Consejería de Economía.EP

El Govern y el movimiento independentista han redoblado su pulso al Ejecutivo central desde que el Parlament aprobó, en el convulso pleno de los días 6 y 7, la ley del referéndum y la ley de la transitoriedad, las dos ya suspendidas por el Tribunal Constitucional. Esta es la cronología de unos hechos que encaran ahora la semana decisiva.

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La Diada. Bajo el lema de la Diada del sí, cientos de miles de personas, por sexto año consecutivo, salen a la calle el 11 de septiembre en defensa del referéndum y la independencia.

Ley suspendida. El Constitucional suspende, un día después de la Diada, la ley de ruptura que sienta las bases de la hipotética república catalana. La fiscalía cita al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y le insta a investigar el referéndum. El president, Carles Puigdemont, insiste: “Habrá papeletas y urnas”.

La fiscalía cita a los alcaldes. La fiscalía anuncia el día 13 que cita como investigados a más de 700 alcaldes que firmaron el decreto en apoyo al referéndum. Un juez cierra la web sobre la consulta pero horas después el Govern publicita “clones” de esa página alojados en el extranjero. El Rey augura que la Constitución prevalecerá sobre “quienes quiebran la convivencia”.

Mitin de inicio de campaña. 7.500 personas asisten en Tarragona el día 14, en un ambiente de eufórica rebelión, al mitin de inicio de la campaña del referéndum. El Gobierno advierte al responsable del recinto de que puede incurrir en un delito. Puigdemont y Ada Colau pactan que los barceloneses puedan votar. El Ministerio del Interior empieza a ordenar el traslado masivo de guardias civiles y policías a Cataluña para abortar la consulta. El Govern deja de enviar los informes mensuales de gastos al Ministerio de Hacienda.

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Intervención de las cuentas. En respuesta al vicepresidente Oriol Junqueras, el Consejo de Ministros aprueba el día 15 la intervención de las cuentas de la Generalitat y asume los pagos de los servicios esenciales. Rajoy lanza un aviso a Puigdemont en Barcelona: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”.

El giro de los ‘comunes’. Más de 700 alcaldes se concentran el día 16 en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Colau les saluda: “No estáis solos”. Un día antes, los comunes votan participar en la “movilización” del 1 de octubre para replicar “la lamentable ola represiva del PP”.

Operación policial. La Guardia Civil, por orden de un juez de Barcelona, da un golpe logístico a la consulta el día 20: detiene a 14 personas, entre ellas tres colaboradores de Junqueras, y requisa 9,5 millones de papeletas. Puigdemont acusa a Rajoy de decretar “de facto” el Estado de excepción y la suspensión de la autonomía. Rajoy replica: “Están a tiempo de evitar males mayores”. 40.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentran ante la sede de Economía durante los registros. La protesta, que acaba con cuatro coches de la Guardia Civil destrozados, impide salir a los agentes durante horas. La fiscalía presenta una denuncia por sedición y apunta a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes soberanistas, que acaban la protesta encaramados en el techo de las patrullas. “El 1 de octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos”, afirma Sánchez.

Rajoy ha avisado dos veces en cinco días del riesgo de seguir con el desafío

Desafío del president. Pese a la orden expresa del Tribunal Superior, Puigdemont publicita en su cuenta de Twitter sucesivas páginas web para que los ciudadanos localicen su colegio electoral. “No se pueden poner puertas al campo”, dice. La Sindicatura Electoral se disuelve para que sus miembros no tengan que pagar cada día 12.000 euros de multa.

Un coronel de mando policial. La fiscalía ordena al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que se ponga al frente del operativo policial, incluidos los Mossos. El Govern lo rechaza y la policía catalana encarga un estudio sobre la legalidad de esa orden. Miles de personas se movilizan de nuevo en toda Cataluña. La ANC anuncia que ha repartido un millón de papeletas.

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