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El maltratador mata en casa, a traición y con alevosía

Un estudio andaluz sobre casos de víctimas mortales por violencia de género concluye que la condena media es de 16 años y siete meses

Caretas contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer, en Madrid.
Caretas contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer, en Madrid.

De espaldas, tranquila, sentada en un sofá o acostada, con la guardia baja, indefensa, vulnerable, en la rutina de la vida cotidiana. Es el momento que eligen los maltratadores para matar a sus parejas. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del Estudio de los casos de víctimas mortales por violencia de género en Andalucía (2005-2015), un trabajo coordinado por la jurista Aurora Genovés basado en el análisis de las 150 muertes identificadas de género en la comunidad en esos 11 años. El 49% de los asesinatos se produce en el dormitorio, el 78% en el domicilio, y el 66% de las víctimas convivía con su agresor. Los datos son definitivos. En el 91% de los casos, el asesino actuó con alevosía, según se obtiene de la investigación con la información de 81 sentencias, de 27 hechos a través de la prensa al estar en trámite y de 42 sin dictamen porque el agresor se suicidó.

Más allá de considerar el hogar como un lugar en el que estar a salvo, resguardada y tranquila, la casa se convierte en un espacio de intranquilidad, en el que vivir en alerta para defenderse ante el ataque inesperado de los hombres que "están dispuestos a morir con tal de matar a la mujer", como ha declarado la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, durante la presentación del informe en Sevilla. Se resuelve que no matan después de una discusión o un ataque de ira, dejan pasar el tiempo. "El agresor tiene la idea metida en la cabeza. Hay un hecho que actúa como detonante pero no pone en marcha inmediatamente la agresión. Pueden pasar varias horas, varios días o semanas después, cuando se normaliza la relación con la víctima, cuando no se percibe el peligro", señala Genovés, que detalla que usualmente hay violencia y amenazas previas.

El estudio, que se realiza después de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, concluye que la condena media es de 16 años y siete meses, que el agresor apenas tiene antecedentes penales y que en el 51% de los casos se utilizó armas blancas. "Ha habido una evolución positiva de las sentencias, antes la calificación de los hechos como homicidio o asesinato eran del 50%", ha detallado Genovés, que matiza que en el 79% de los casos la condena ha sido por delito de asesinato y en el 15% por homicidio.

En 60 de los casos el atacante fue el marido, en 48 la pareja, en 29 la expareja y en 11 el exmarido. No se vislumbra un perfil socioeconómico concreto. "Hay de todo tipo, de profesiones diversas, no se pueden sacar conclusiones por clase social, o familias desestructuradas o personas desempleadas. Está en todas las capas sociales, de la más alta a la más baja", asegura la jurista, que desmonta que el alcohol o las drogas sean definitivos para los asesinatos y revela que los meses con más casos son septiembre y octubre, y los de menor prevalencia julio y agosto.

Más casos en municipios pequeños

El 38% de las muertes se produce en municipios de menos de 20.000 habitantes. Un dato a considerar para diseñar las campañas de prevención e información, o para saber dónde ubicar los cursos de formación para policía local, adscrita o vigilancia municipal. Información que se puede combinar también con la localización de las víctimas. En esos 11 años de estudio, Huelva registró cuatro víctimas mortales; Jaén, 11; Cádiz, 12; Córdoba, 15; Granada, 21; Sevilla y Almería, 25; y Málaga, 37. De todas ellas, 125 mujeres eran españolas y 25 extranjeras.

El 38% de las muertes se produce en municipios de menos de 20.000 habitantes

"Vamos a hacer campañas de sensibilización en información en zonas rurales, que se conozca bien cómo denunciar, que en el último rincón de la comunidad se tenga la información necesaria. Y también vamos a traducir los textos en zonas costeras, para todas las ciudadanas que viven en la comunidad", ha prometido Aguilar, que insta a denunciar los casos de maltrato para activar todos los protocolos necesarios y anima a los vecinos y familiares a alertar de las situaciones de violencia. "Las amenazas son una antesala. No se dice sin más, hay que tenerlo en cuenta", ha señalado la consejera.

De los 51 casos estudiados con violencia previa registrada, en 25 de ellos existía orden de alejamiento o protección, y para 10 de ellos no se dictó esta orden. "Pudo no solicitarse o que no fuese concedida", aclara Genovés, que reconoce que pueden haber sido fallos en las valoraciones y se muestra partidaria de que las sentencias recojan más información de los casos. Tanto la jurista como la consejera consideran que la confesión no debería de tratarse como un atenuante, una solicitud que se contempla como "prioritaria" en el Pacto de Estado contra la violencia de género, como ha declarado Aguilar, y que en Andalucía se aplicó en el 65% de los casos estudiados.

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