Las víctimas de violencia machista se equiparan con las de terrorismo

Un total de 63 entidades políticas y sociales han suscrito este lunes el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, que equipara la ayuda económica a las mujeres víctimas de maltrato machista con la que reciben los muertos por acciones terroristas, con un incremento de los 6.000 euros actuales a los 75.000. "Es es una medida simbólica para dignificarlas", ha dicho la vicepresidenta Mónica Oltra. El pacto elude la polémica custodia compartida.

El pacto ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la vicepresidenta y consejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, así como de los secretarios generales de UGT y CC OO, Ismael Sáez y Arturo León, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, o el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, entre otros muchos.

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Puig ha afirmado que con esta firma se pasa de las palabras a los hechos ante una realidad que "no es tolerable", mientras que Oltra, que también es consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha dicho sobre esta lucha: "La vamos a ganar porque tenemos la razón".

Con este acuerdo, las instituciones valencianas, partidos políticos, universidades, medios de comunicación, cuerpos de justicia y seguridad pública, entidades y organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía se comprometen a luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, en todas sus vertientes y a "cumplir, hacer cumplir y promover" las acciones del acuerdo.

La Consejería de Políticas Inclusivas aumenta el presupuesto dedicado a este capítulo hasta los 12 millones de euros, al que hay que añadir las acciones de otros departamentos del Gobierno valenciano.

El Pacto incorpora las propuestas de la subcomisión sobre la erradicación de la violencia de género de les Cortes Valencianas y del Informe sobre la atención y protección a las víctimas del Síndic de Greuges. Para Oltra, se trata de una iniciativa necesaria "porque la peor de las consecuencias de la desigualdad es la violencia machista", que requiere de "compromisos firmes, propuestas concretas y decisiones".

Algunas de las 293 medidas

El plan prevé la ampliación de la red de centros de la mujer a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y la creación de un centro mujer en el interior de la provincia de Valencia. Del mismo modo, se pondrá en marcha un protocolo de intervención social educativa para maltratadores condenados porque "hace falta un cambio desde la raíz".

Además, se recogen medidas de prevención porque "no solo se debe asistir a las víctimas sino trabajar en el origen de la violencia que es la desigualdad estructural". Por ello, se aplicarán medidas educativas como la formación obligatoria en igualdad para trabajadores públicos y para los profesionales que intervienen en la consulta integral de las víctimas y sus hijos, incluido en el ámbito sanitario.

También se formará al personal docente para la prevención de violencia de género y se implantará coordinadores de igualdad en los centros educativos y se designarán personas expertas en el Consell Escolar de la Comunitat valenciana.

El acuerdo pone también especial atención a las víctimas más vulnerables, aquellas que además tienen alguna clase de discapacidad funcional que tendrán un protocolo específico, y aquellas víctimas con conductas adictivas tendrán recursos propios.

Oltra ha señalado también se trabajarán en otras medidas "más sutiles pero imprescindibles" como "reequilibrar la presencia de las mujeres en la Cultura" y que se vea a las mujeres como "sujetos creadores porque lo que no se ve, no existe".

De igual modo, ha constatado que "lo que no se dice tampoco existe". Por ello, A punt contará con una guía de estilo con perspectiva de género y feminista. Además, la Generalitat estudiará nuevos mecanismos sancionadores a campañas publicitarias sexistas y no contratarán ni subvencionará a medios que utilicen la cosificación de la mujer ni la prostitución.

Las instituciones valencianas que han suscrito este pacto, partidos políticos, universidades, medios de comunicación, cuerpos de justicia y seguridad pública, entidades y organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, se comprometen a luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, en todas sus vertientes y a cumplir, hacer cumplir y promover las acciones del acuerdo.