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Los magistrados rechazan suspender el pacto policial entre Rivas y Madrid

Según la Delegación del Gobierno el pacto de colaboración incumplía la Ley

Chabolas en la Cañada Real.
Chabolas en la Cañada Real.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ayer suspender cautelarmente la colaboración entre las policías locales de Rivas-Vacimadrid y Madrid en la Cañada Real, como reclamaba la Delegación del Gobierno. La delegada, Concepción Dancausa, pidió la suspensión cautelar y la impugnación del convenio entre ambos Ayuntamientos, al entender que los policías locales no pueden actuar fuera de sus ámbitos municipales. En su opinión, el pacto de colaboración entre Rivas y Madrid incumplía la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El auto del TSJM deniega la suspensión cautelar, sin "prejuzgar el fondo del litigio". Contra la resolución cabe recurso de reposición.

El tribunal considera que el acuerdo firmado el pasado 5 de abril por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y su homólogo de Rivas, Pedro del Cura, es una "especial colaboración" entre localidades y no una prestación supramunicipal del servicio de policía. "Debe prevalecer el interés general en la aplicación de un convenio que prevé fórmulas de actuación conjunta a fin de conseguir una mayor efectividad policial al amparo de un precepto legal vigente y expresamente declarado constitucional", reza el auto del TSJM, al que tuvo acceso este periódico, y que está fechado el pasado martes.

El delegado de Coordinación Territorial de la capital, Nacho Murgui, subrayó ayer la importancia de la colaboración policial para resolver los problemas de la Cañada y sus habitantes. El edil calificó de "irresponsable" el recurso presentado por la Delegación del Gobierno, cuyo fin era, en su opinión, "torpedear" la colaboración policial, según dijo en declaraciones a Europa Press.

En la presentación del convenio, el Consistorio madrileño remarcó el objetivo de "actuar con más eficacia" en la Cañada Real y "combatir con mayor eficiencia" las infracciones de la legalidad urbanística, medioambiental y sanitaria que se registran en ese poblado chabolista. La barriada, en la que residen unas 7.000 personas de 30 nacionalidades diferentes, sufre problemas urbanísticos y sociales desde hace más de medio siglo.

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