La prohibición de sacrificar mascotas desborda la perrera municipal

El centro de protección animal de Madrid, también conocido como perrera municipal, se encuentra en una situación difícil. Solo siete meses después de la entrada en vigor de la ley autonómica que prohíbe sacrificar mascotas abandonadas, todas sus jaulas están ocupadas. El centro ya no acoge más perros, y los trabajadores subrayan su impotencia ante el problema. El Ayuntamiento de la capital asegura que está trabajando en "una fase de redimensionamiento de las instalaciones", mientras que la Comunidad recuerda que acaba de duplicar los fondos para dar asistencia a más animales.

Los trabajadores de la perrera municipal, que prefieren mantener el anonimato, relatan las condiciones en las que viven los 200 animales que caben en sus jaulas: "Estamos prácticamente al 100%. Muchos perros ya son mayores o tienen enfermedades difíciles, por lo que se ponen nerviosos, dan saltos y tienen ansiedad. Solo podemos admitir casos desesperados, como animales que viven en la calle. A los otros les decimos que aguanten un poco más. Y los que acogemos los tenemos que meter incluso en las jaulas que antes albergaban a las mascotas en cuarentena".

El pasado marzo, entró en vigor (tras una aprobación anterior con el voto de todos los grupos políticos) la nueva normativa autonómica que prohíbe a los centros de acogida practicar la eutanasia a los animales abandonados. Los problemas de sobrepoblación no han tardado en manifestarse. La Comunidad, dirigida por Cristina Cifuentes (PP), acordó la semana pasada incrementar la partida presupuestaria destinada a los municipios de la región para hacer frente a la emergencia (hasta 1,5 millones de euros). Pero en el caso de Madrid capital, una portavoz de la Consejería de Medioambiente cree que los recursos no faltan: "Con su presupuesto puede adaptar esa perrera municipal a la nueva normativa. Aun así, acompañamos la ley con ayudas para que asociaciones y municipios adecuen sus instalaciones", afirma.

El Consistorio admite el colapso del centro, pero recuerda que "la adaptación a la ley tiene su propio proceso y tiempos". Aun así, los responsables del Área de Seguridad y Salud, que incluye la perrera, detallan las actuaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha: "Se ha aumentado la partida de ayudas a las asociaciones protectoras para fomentar la adopción y se ha abierto un nuevo punto de adopción en el Retiro". A la vez, el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) trabaja en la agilización de los procesos administrativos para la adopción de animales y en la mejora de las instalaciones de la perrera.

Las adopciones rápidas son claves para asegurar el buen funcionamiento de los centros de acogida. Los empleados de la perrera municipal recuerdan que su trabajo consiste en acoger y entregar a nuevos dueños las mascotas abandonadas. Sin embargo, el hecho de que los dueños suelan descartar a los perros con problemas o considerados más violentos provoca que el centro se sature.

El grupo municipal socialista, que se ha interesado en el caso, advierte de la gravedad de la situación. El concejal del PSOE-M Ignacio Benito señala que la Comunidad ha aprobado una ley que carece de recursos económicos y de fomento a la adopción. "Defendemos la ley, pero creemos que se está desarrollando mal. Igual que entendemos que el Ayuntamiento de Madrid, una vez más, ha demostrado su falta total de planificación", explica Benito.

Más trabajadores

El socialista defiende la labor de los trabajadores e insiste en la necesidad de dotar al centro de más personal. El problema, sostiene Benito, viene de la falta de reposición de funcionarios en Madrid Salud: una cuestión, recuerda, que en verano obligó a los centros médicos a trabajar a menudo sólo media jornada.

El Ayuntamiento asegura que está trabajando en un "plan de choque" para ampliar el personal de Madrid Salud y achaca la situación a la imposibilidad de reponer funcionarios debido a las órdenes del Ministerio de Hacienda. Mientras, los perros y los trabajadores del centro esperan una solución rápida. "Sabíamos que iba a llegar esta situación. La ley está muy bien en su filosofía, pero no funciona sin una campaña sería de esterilización y adopción. Plantear que un animal esté siete u ocho años en una jaula no es trabajar por su bienestar", aseguran.