Junts pel Sí y la CUP aprueban la Agencia Catalana de Protección Social

Los votos de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament han permitido dar luz verde esta mañana a la Agencia de Protección Social, el ente que el independentismo reivindica como una de las estructuras del hipotético Estado catalán. La oposición ha criticado la agencia porque considera que, más allá de unificar la gestión de las prestaciones, solo intenta dar verosimilitud al relato independentista.

“La agencia le permitirá a los ciudadanos de nuestro país tener más cerca las prestaciones y las ayudas a las que tienen derecho en este momento y todas las que puedan tener en cada momento según la legalidad establecida”, ha defendido la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa. Desde Junts pel Sí, el diputado Chakir El Homrani ha explicado que el ente será “un instrumento de gestión que ayudará a los más vulnerables”.

Las dos formaciones independentistas han rechazado las enmiendas presentadas por los socialistas y por el grupo de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP). Ambas formaciones defienden el espíritu de la agencia pero critican el carácter de estructura de Estado que quiere otorgarle el bloque separatista. De hecho, el organismo ya estaba previsto en la legislación catalana sobre servicios sociales.

“Cataluña necesita una agencia de protección social y la puede tener de acuerdo con las competencias que tenemos en estos momentos, pero está claro que el grupo de la mayoría no está pensando en los catalanes ni en sus necesidades sino en la épica de la república catalana”, ha denunciado la portavoz socialista Eva Granados.

Desde CSQP, el diputado Joan Coscubiela ha criticado que la norma sea “a la vez estructura de Estado y a la vez autonómica”. “Esta ley ha sido una de las muchas víctimas del doble lenguaje y de la astucia de la que tanto abusa el procesismo”, ha apostillado. Fernándo Sánchez (PP) ha afeado a los grupos independentistas que "anunciaron una gran ley de ruptura y han llevado una ley autonomista".

La agencia pretende gestionar las 169 prestaciones que existen en Cataluña (sumando las de diferentes Administraciones). Si bien el texto no hace referencia a las pensiones, desde el independentismo insisten que la agencia será el germen de la futura Seguridad Social catalana. Un dictamen no vinculante del Consejo de Garantías Estatutarias pidió cambiar el texto de la ley pues consideraba que el redactado aprobado, que permite ir incorporando prestaciones de acuerdo a las competencias se tengan en determinado momento, podía ser considerado inconstitucional.