El Gobierno catalán no acatará la suspensión de la ley del referéndum

El Gobierno catalán verbalizó ayer que no acatará una eventual suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley del referéndum con la que pretende dar apoyo jurídico a la consulta prevista para el 1 de octubre. Josep Rull, consejero de Territorio, avanzó ayer esa posición y se acogió a los principios del derecho internacional para seguir adelante con los planes. La ley del referéndum, ya registrada en el Parlament, sostiene en sus disposiciones finales que su contenido prevalecerá sobre las normas que lo contradigan. Carles Puigdemont ya había avisado de que no acataría ninguna inhabilitación del Constitucional.

Los grupos de Junts pel Sí y la CUP ya han registrado la ley del referéndum en el Parlament y el guion más probable es que la Mesa de la Cámara la admita a trámite en la reunión que tiene fijada para el miércoles de la próxima semana, cuando reanude su actividad parlamentaria. La duda es cuándo se elevará la norma al pleno para que sea aprobada. Con independencia de la vía que elijan para tramitarla —el Constitucional ha suspendido la reforma del reglamento que permitía su aprobación por lectura única y sin enmiendas de la oposición—, Rull certificó ayer lo que para los grupos secesionistas es casi una obviedad: que ignorarán la segura suspensión del Constitucional.

En una entrevista a RAC1, el consejero, enojadísimo por lo que considera una inhibición del Estado en la crisis del aeropuerto de El Prat, aseguró que el independentismo ignorará la suspensión. “[Si suspende la ley del referéndum] se deberá de obedecer una ley emanada de un Parlament legítimo y democrático, incorporando dos principios de derecho internacional: el principio democrático y el derecho de excepción”. Y remachó: “Cuando has probado de buena fe poner urnas de manera acordada, estás legitimado, de acuerdo a una ley propia, a ponerlas”.

El independentismo siempre argumenta que ha solicitado 17 veces el Congreso pactar la consulta. “Creo que hasta nos hemos hecho pesados”, deslizó en junio el presidente Carles Puigdemont, quien ya advirtió desafiante que solo asumirá una inhabilitación del Parlament.

Rull subrayó que “obedecerán” a la ley que apruebe el Parlament y que le darán “plena vigencia”. El consejero acusó a Mariano Rajoy de tener una actitud “obsesiva” por intentar parar el proceso soberanista a través de los tribunales en lugar de negociar, como sucedió en los casos de Escocia y el Quebec. La resolución del inicio del proceso de independencia sostenía que el Constitucional estaba deslegitimado para actuar en Cataluña.

“Acto revolucionario”

Josep Maria Castellà, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, sostiene que si el Govern incumple la suspensión del Constitucional cometería “su primer acto revolucionario. Sería el primer acto de desobediencia radical”. Castellà es miembro de la Comisión de Venecia —órgano que depende del Consejo de Europa— y recuerda que en su dictamen de marzo sobre la reforma de la ley del Tribunal Constitucional estableció que sus sentencias son de obligado cumplimiento para las autoridades y cargos públicos. El catedrático tiene la impresión que desde 2012 el Gobierno catalán ha jugado la partida “con dos barajas” o “con dos reglamentos” que ha invocado según le ha convenido. Y cita resoluciones simbólicas en favor del derecho decidir o la independencia y, a la vez, la presentación de recursos de súplica al Constitucional para que no suspenda el reglamento de la Cámara para que allane la declaración de independencia.

Castellà aprecia una “escalada” —“lo que no sé si es táctica o hay un plan”— tanto en los preparativos para el referéndum como en la reforma del reglamento donde ya observa que se atentan los derechos de las minorías. Y alega algo defintivo: que la ley del referéndum, una norma ordinaria, establece que es de rango superior al Estatut y a Constitución.

Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universitat Autònoma de Barcelona y expresidente de Societat Civil Catalana, señala que los principios a los que alude Rull pecan de origen porque el independentismo, dice, construye toda su teoría partiendo de la base de que España no es un Estado democrático. Arenas arguye que el derecho internacional ampara la secesión basándose en el principio de libre autodeterminación de los pueblos en el caso de colonias o vulneración grave y reiterada de los derechos fundamentales. “Pero en el caso de Estados democráticos como España la libre determinación ha de ejercerse dentro de las fronteras del Estado”, señala. Arenas desliza que hay autores que han alegado que debería contemplarse una excepción en el caso de países que de forma reiterada hayan pedido ejercer el derecho de autodeterminación. “Pero ese no es un principio del derecho internacional”, señala apuntando que no puede discutirse el grado de libertad y de autonomía de Cataluña.

No todos los juristas opinan igual y hay colectivos de abogados secesionistas que señalan que la política debe resolver los conflictos a los que no alcanza el derecho. El Gobierno catalán insiste en que tiene todos los instrumentos listos para el referéndum. Rull recomendó el voto presencial para evitar posibles trabas del Estado contra los mecanismos que habilite la Generalitat. Descartada la votación electrónica, el consejero aseguró que la Generalitat buscará facilitar “el voto por correo más que por Correos”, al vaticinar que la Administración autonómica no podrá contar con la colaboración de la empresa estatal.