La oposición exige a Carmena que cumpla con el techo de gasto
El PSOE se posiciona a favor de la legalidad aunque considera que la ley "no se adapta a la realidad actual"
La oposición (PP, PSOE y Ciudadanos) exige al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, que cumpla con el techo de gasto que establece Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. EL PAÍS ha adelantado este lunes que el Consistorio tiene previsto incumplir la norma este año en 440 millones de euros. El Grupo Socialista exige que se respete la ley aunque considera que “no se adapta a la realidad actual”.
Las críticas más duras las ha lanzado el Partido Popular: “Nos parece impresentable que el ayuntamiento de Madrid lleve dos años con sus cuentas fuera de la ley, algo que puede poner en peligro, no solo la ejecución del presupuesto, sino el mantenimiento de los servicios públicos”, ha explicado Íñigo Henríquez de Luna, portavoz de Economía y Hacienda del PP en el Ayuntamiento.
El PSOE está a favor de cumplir la norma, pero considera que el texto debería revisarse. “No tiene sentido que el Ayuntamiento, con un superávit de 1.000 millones, no pueda gastar el dinero como quiera si tiene las cuentas saneadas”, ha señalado Chema Dávila, concejal del PSOE en el Ayuntamiento. El socialista subraya que la Ley se aprobó en “un momento muy concreto de crisis económica” y que, ya en ese momento, el grupo del PSOE en el Congreso se posicionó en contra.
Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos, coincide con el Grupo Popular en que el incumplimiento supondría la inmovilización de crédito, lo que se traduciría en menos inversiones. “La regla de gasto es mejorable. Debería ser menos restrictiva pero esta modificación le corresponde al Parlamento. Mientras la ley exista debe cumplirse y es lo que exige el grupo de Ciudadanos al Ayuntamiento”, explica Redondo. Según las previsiones municipales, el incumplimiento del techo de gasto alcanzará los 440 millones en 2017. El año pasado fue de 234 millones y en 2015 el gasto del Gobierno de Ahora Madrid superó en 17 millones lo permitido por la ley.
"El desafío saldrá caro"
A juicio de Henríquez de Luna (PP) “este desafío le puede salir muy caro a los madrileños, que son al final los que van a pagar la factura”. Si antes de que acabe el año económico (diciembre de 2017) el Ayuntamiento no corrige este exceso de gasto, tendrá que bloquear hasta 400 millones de los presupuestos del próximo año, medida que contempla la Ley de Estabilidad.
La norma estatal, que se aprobó en 2012, persigue la sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas. La normativa surgió en un contexto económico de crisis económica, después de que se alcanzara el Pacto Fiscal Europeo, que permitió a España obtener el rescate financiero, y la modificación del Artículo 135 de la Constitución para limitar el déficit del Estado.
EL PAÍS ha publicado este lunes un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que recomienda la aplicación de las medidas coercitivas contra el Ayuntamiento contempladas en el Artículo 25 de la Ley de Estabilidad. Estas medidas consisten en mecanismos progresivos que van desde la congelación de una suma de dinero correspondiente al incumplimiento hasta el envío de hombres de negro.
Tras conocerse el informe de la Airef, los socialistas se van a mantener “muy vigilantes” con la ejecución de los presupuestos del primer semestre que está previsto que el Gobierno de Carmena presente en agosto. “Con los datos reales sobre la mesa vamos a pedirles una previsión para ver si se cumple la regla de gasto o no”, dice Dávila. El concejal ha señalado que el grupo socialista nunca va a aceptar que se recorten partidas destinadas al gasto social.
Ahora Madrid dice que es una norma "atrasada"
El Ayuntamiento dice que respetará el marco legal vigente, aunque critica que la Ley de Estabilidad obligue a frenar los planes de gasto pese a que las arcas municipales están perfectamente saneadas con más de 1.000 millones de superávit. Una portavoz municipal subraya “la necesidad de una nueva interpretación de la regla de gasto ajustada a la realidad de los ayuntamientos y sus necesidades”. El Gobierno de Ahora Madrid considera que esta norma está “atrasada” y es “un obstáculo para prestar servicios de calidad”.
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