El reino de la irresponsabilidad

Por qué no asume sus responsabilidades políticas? Con razón Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, siempre más dispuestos a entenderse en la crítica que en la búsqueda de proyectos compartidos, piden que Rajoy comparezca en el Parlamento para responder a esta pregunta que lleva cinco años eludiendo, desde que se descubrieron los tejemanejes de Bárcenas con los dineros del PP y el presidente se desentendió del asunto, después de unas semanas surfeando con alto riesgo sobre sus mensajes de aliento y comprensión con el extesorero. De aquella decisión, estos hechos. Porque el gran problema de los años Rajoy es que se están convirtiendo en el reino de la irresponsabilidad que tuvo un momento culminante en su declaración en la Audiencia Nacional.

Bajo la apariencia de un hombre tranquilo, sereno, previsible, de orden y de sentido común se esconde una elusión permanente de responsabilidades que tiene graves consecuencias colectivas: rebaja la autoridad y el reconocimiento de la política, y transmite un desmoralizante mensaje a la sociedad. “Podría haber utilizado aquella frase o cualquier otra”, respondió cuando se le preguntó sobre su SMS a Bárcenas (“Hacemos lo que podemos”). Es decir, nada tiene importancia, las cosas son como son, y todo va como va.

Con malhumor y un rictus de manifiesta incomodidad, el presidente afrontó el interrogatorio con una actitud más propia del acusado que del testigo. “Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad”. Fiel a las instrucciones de su abogado, todo su relato giró en torno a una sola idea: del dinero del partido nunca supe nada. Con lo cual la irresponsabilidad económica se dobló con la irresponsabilidad política, que es el tatuaje que él mismo escribió sobre su carrera política cuando estalló el caso Bárcenas. El presidente de un Gobierno no es un ciudadano cualquiera. Además de responsabilidad penal tiene responsabilidad política. Pero la defensa de su inocencia económica —que era la que podía ser objeto de actuaciones penales— agravó su irresponsabilidad política. Por su cargo, si no sabía, tenía que haber sabido. Y en su celosa defensa incurrió en manifiesta contradicción: cuando quiso apuntarse la ruptura de relaciones del PP con Correa y cuando cargó sobre Esperanza Aguirre los desaguisados de algunas ciudades de la comunidad de Madrid el argumento de su ignorancia sobre los dineros del partido caía a plomo.

Pero esta irresponsabilidad política no es nueva. La conocemos en su relación con la cuestión catalana. Que empieza, no lo olviden, con una irresponsable campaña callejera contra el Estatuto catalán. La estrategia de la Moncloa se funda en criterios de una gran ligereza: que el independentismo se agotará por sí mismo, que la sociedad catalana se fracturará, que no hay que hacer ninguna concesión a Cataluña porque el PP la pagaría en el resto de España y es un riesgo innecesario dado que en Cataluña es y será siempre minoritario, y, en consecuencia, que no tiene nada que proponer a los catalanes. Resultado: desplazamiento a los tribunales. La última fantasía del Gobierno es que la presión judicial generará el pánico y la desbandada. Puede que impida el referéndum, puede que algunos dirigentes políticos soberanistas se coloquen a buen recaudo, pero difícilmente disminuirá el apoyo al independentismo. En democracia el recurso sistemático a la justicia en cuestiones políticas deteriora la imagen de quien lo práctica y la calidad del sistema. Y afecta a la propia reputación de los tribunales y de las fuerzas de seguridad.

En el reino de Rajoy, todo acaba en la justicia. La política es incapaz de combatir la corrupción por sí misma: hacer limpieza en el partido, dimitir como gesto de reconocimiento y de reparación de algo tan grave como una red estructural de tramas corruptas en torno al PP, facilitar la actuación judicial aportando información y contribuyendo a esclarecer los hechos y no a confundirlos. Nada de eso ha estado en la agenda de Rajoy, que se ha limitado a contemplar la caída de aquellos imputados sobre cuya honestidad había apostado su palabra hasta el último momento y a intentar minimizar los efectos de los casos judiciales que afectan a su partido. La política es incapaz de afrontar la cuestión catalana, con un Gobierno convertido en correa de transmisión permanente hacia la fiscalía, los tribunales y el Constitucional. Cuando todo pasa por los jueces es que algo falla en el sistema democrático.