Condenados el alcalde de Palas y su predecesor a más de un año de prisión

La Audiencia de Lugo ha condenado al alcalde de Palas de Rei, al popular Pablo Taboada, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación y a otros quince meses de prisión por un delito de acoso laboral a la secretaria municipal, Celia González Vázquez. Esta denunció los hechos en 2011, “cuyo testimonio resultó plenamente creíble y estimable y en el que no pretendió exacerbar lo ocurrido a lo largo de los años”, según el pronunciamiento del tribunal.

Los hechos denunciados por la funcionaria comenzaron en 2007, siendo regidor por el PP Fernando Pensado. Para este, la sentencia le impone la misma pena por acoso a la funcionaria, además de la inhabilitación durante ocho años por el delito de prevaricación. Dice el fallo que tanto el ex regidor como el actual alcalde, “además de tomar la iniciativa de acosar y hostigar a la secretaria” no hicieron nada para evitarlo, cuando estaba en sus manos hacerlo como jefes de personal del Ayuntamiento.

El tribunal también castiga con siete años de inhabilitación a los concejales José Ramón García, Cristina Lodeiro, Amando Sande y Aurora Vila que habían aprobado en el pleno la destitución de la secretaria cuyo puesto fue ocupado por otro funcionario sin cualificación para ello. “Aunque era simples concejales tuvieron que ser conscientes de la ilicitud de la resolución”, señala el fallo.

En cuanto al acoso laboral, la Audiencia también condena a otros tres funcionarios municipales. A Carlos Ouro Villamor le impone doce meses de prisión porque como funcionario, administrativo del Ayuntamiento, “tomó la iniciativa de oponerse y hostigar a la secretaria. La misma condena le impone a Juan Manuel Varela porque “hostigó con sus insultos e intimaciones a la secretaria” llegando incluso a enviarle un escrito al alcalde advirtiéndole que no iba a seguir sus órdenes”. Y para María Luisa Santos, la pena es de seis meses porque intervino “en menor medida”, según el tribunal.

En el ámbito de la responsabilidad civil, “en consideración a los daños, síquicos y morales que sufrió la secretaria Celia González”, la sala fija indemnización de 12.000 euros, “considerando que tal cantidad mitiga los daños afligidos a la querellante”, y que será abonada de manera solidaria por los acusados, además de las costas procesales.

Sin embargo el fallo absuelve a los acusados José Norberto Uzal, el entonces director general de Administración Local de la Xunta, y a Marta Penas Pérez, administrativa y encargada del registro del Ayuntamiento. El fallo precisa que aunque la conducta de Uzal Tresandi puede ser reprochable porque debió de advertir en su informe que el Ayuntamiento no era competente para destituir a la secretaria, “su conducta entendemos que no revista entidad para ser considerada un delito de prevaricación, ni echa por tierra, en absoluto la responsabilidad penal de los acusados que con conocimiento de la ilegalidad optaron por tomar la resolución injusta”.

Otro hecho puntual que resalta la sala “que por sí sólo no tendría trascendencia pero que es un grano más en el granero del acoso y hostigamiento a la secretaria”, fue la decisión del alcalde Taboada tras su toma de posesión de “trasladar a la secretaria a un despacho alejado de la actividad de los funcionarios y apartado de la labor de control que le sería propia en esas primeras resoluciones” del regidor.

Consta probado para el tribunal que “para poner en aprietos la actuación profesional de la secretaria se realizó una actuación que consistía en que el alcalde dictaba una resolución para que se realizara una actividad administrativa y no se le daba tiempo material para que emitiera du informe”.

La Audiencia concluye que Celia González sufrió acoso laboral desde su designación como secretaria municipal en 2007 por parte de un grupo de ediles del PP durante el mandato de Fernando Pensado, un comportamiento que se mantuvo cuando Pablo Taboada accedió al cargo de regidor en 2011.

Tras los intentos del alcalde de apartar del cargo a la secretaria a través de decretos que "fueron dejados sin efecto por resoluciones judiciales", se convocó un pleno extraordinario con el objetivo de "votar a favor del acuerdo de destitución" de Celia González "a sabiendas de la ilegalidad de tal acuerdo", añade el fallo.