Juicio al alcalde de Palas y otros diez cómplices por acoso a la secretaria municipal

La fiscalía solicita penas de dos años de prisión y hasta diez de inhabilitación por diversos delitos

El alcalde de Palas, con camisa blanca, durante una visita oficial a una granja.
El alcalde de Palas, con camisa blanca, durante una visita oficial a una granja.

Un total de 11 acusados, entre ellos el alcalde del PP de Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboada, y su predecesor en el cargo (actual teniente de alcalde), Fernando Pensado, así como cuatro concejales y el exdirector general de Administración Local de la Xunta Norberto Uzal, se sentarán este martes ante el tribunal de la Audiencia de Lugo por la denuncia por acoso laboral que interpuso en 2011 la secretaria del Ayuntamiento María Celia González.

Además de mobbing, la fiscal del caso, Isabel González Cámara, considera que de los hechos descritos en la denuncia los acusados también han incurrido en otros delitos como prevaricación, usurpación de funciones públicas e infidelidad en la custodia de documentos, por lo que solicita penas de dos años de cárcel para ambos alcaldes, hasta 10 de inhabilitación y multas de 3.600 euros. Además reclama que abonen solidariamente a la secretaria la indemnización que determine la sentencia y pagar las costas del juicio.

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El caso de acoso laboral a la funcionaria comenzó hace ocho años, siendo regidor Fernando Pensado, pero la situación se prolongó hasta 2013, en plena instrucción de la denuncia y con Taboada ya en la alcaldía. En este tiempo se fueron sucediendo improcedentes suspensiones de empleo y sueldo de la secretaria e incluso el pleno llegó a votar a favor de su destitución para el cargo que desempeñaba como funcionaria de oposición. Ambos políticos son los principales acusados y afrontan dos años de prisión y 10 de inhabilitación.

En la lista de acusados se incluyen los concejales Amando Sande, José Ramón García, María Aurora Vila y Cristina Lodeiro (aunque esta no repitió en la lista del 2015), que en el pleno votaron a favor de la destitución de la secretaria, y el exdirector general de la Xunta Norberto Uzal. Este último firmó un dictamen “destinado a dar cobertura jurídica a las pretensiones del resto de los encausados”, dice la fiscal en su escrito de acusación, que pide para todos ellos inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años por un delito de prevaricación.

Subraya la fiscal que Uzal colaboró de esta forma “a que se dictara una resolución injusta a sabiendas de su ilegalidad”, relativa a la sanción a imponer a la secretaria, “sin tener en cuenta que las anteriores impuestas por el Ayuntamiento en diversos procedimientos contencioso-administrativos estaban siendo revocadas, no indicando, en modo alguno, que dicho informe no tenía carácter vinculante para el ente local”.

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Cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Palas también serán juzgados. Uno de ellos fue nombrado por cada uno de los dos alcaldes imputados para ejercer las funciones de secretario accidental incurriendo en una ilegalidad, una labora por lo que era remunerado por encima de su categoría y cualificación profesional. Señala la fiscal que este trabajador “contribuía, activamente”, junto con otros compañeros de trabajo y la encargada del Registro de Entrada, a presionar a la secretaria profiriéndole calificativos tales como “esa”, “la mona” o “burra”. Todos ellos afrontan penas de dos años de prisión e inhabilitación por los delitos de usurpación de funciones y mobbing.

Entre las numerosas pruebas documentales que se analizarán en el juicio figuran los informes forenses sobre el estado anímico de la secretaria acosada, que fue diagnosticada “de trastorno adaptativo depresivo (depresión neurótica), pautándole tratamiento farmacológico” durante las bajas laborales que tuvo que solicitar. Durante estos episodios depresivos fue tratada en la Unidad de Salud Mental del Hospital San José de Lugo, donde le diagnosticaron en 2010 un cuadro compatible con un trastorno adaptativo por estrés laboral.

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