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Los jueces piden que Madrid devuelva las competencias en Justicia

El número de casos que entraron en 2016 ha bajado un 14% respecto al año anterior

Edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ampliar foto
Edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La gestión de las competencias de justicia a las comunidades autónomas está generando graves problemas, que se solucionarían si las gestionase el ministerio directamente. Así lo expresó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, que abogó porque el Consejo General del Poder Judicial fuera el único responsable. La Comunidad de Madrid, actual tenedora de estas competencias, no quiso valorar esta petición.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo estas declaraciones durante la presentación de la memoria de los juzgados de Madrid de 2016, donde se refleja una bajada del 14,2% en los asuntos tramitados ese año. Francisco Javier Vieira hizo un balance “muy negativo” de la distribución de la Justicia entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. En caso de que el primero apruebe más juzgados o la ampliación de los ya existentes, es el Ejecutivo autonómico el que debe dotarlos de personal, de medios y de instalaciones. Esto se traduce en que transcurre bastante tiempo desde que se toma la decisión hasta que se pone en marcha de forma efectiva. “Lo suyo sería centralizar toda la gestión.

Creo que la mejor solución es que se centralice toda la gestión en el Consejo General de Poder Judicial y que este se encargue de acabar con las dificultades generadas por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas”, destacó Francisco Javier Vieira.

El magistrado presidente puso como ejemplo las diferencias existentes en los programas informáticos de gestión procesal. Cada comunidad autónoma que tiene las transferencias de justicia (Cataluña, Canarias y Valencia, entre otras) cuenta con sistemas distintos, que son incompatibles entre sí y que no se conectan entre ellos. “Habría que hacer algo a nivel de ámbito nacional para dotar de mayor homogeneidad a todo el territorio”, añadió Vieira.

La Consejería de Presidencia y Justicia del Ejecutivo regional, sobre la que recae la dotación de medios personales y materiales de la administración de justicia, declinó hacer valoraciones al respecto.

Ciudad de la Justicia

Sedes sin aire acondicionado o en sótanos

La capital cuenta con 21 edificios judiciales, lo que demuestra la dispersión de la justicia. En los otros 20 partidos judiciales, hay 38 sedes, algunas de ellas situadas en edificios de viviendas o en locales comerciales. El estado de algunos de ellos es lamentable: carecen de las mínimas medidas de seguridad, albergan estancias sin ventilación o presentan graves deficiencias en los sistemas eléctricos y de climatización. En alguno se ha llegado a alcanzar hasta 29 y 30 grados, lo que ha motivado que los funcionarios se marcharan.

En otros, se da una gran carencia de salas de vistas o habitaciones para las ruedas de reconocimiento, sin olvidarse de las que no son accesibles para los minusválidos o las que no tienen seguridad las 24 horas del día o sistemas de alarma.

El presidente del TSJM recordó el mal estado en el que se hallan los juzgados de la región, pese a ser la tercera comunidad autónoma (tras Andalucía y Cataluña) con mayor número de procedimientos. De hecho, reclamó la construcción de una ciudad de la justicia en la que se unifiquen todos los juzgados para evitar la dispersión actual y que los profesionales y usuarios puedan así evitar pérdidas de tiempo. El fracasado proyecto del Campus de la Justicia, que iba a levantarse en Valdebebas, ha recibido hasta la fecha tres configuraciones distintas desde su presentación hace más de 15 años, en tiempos del Gobierno de Esperanza Aguirre. “La realidad es que Madrid se encuentra entre las peores en infraestructuras judiciales. Sin duda. Cataluña y Valencia cuentan con sus ciudades de la justicia y ambas han mejorado claramente la situación. Eso, por no hablar de otras regiones como el País Vasco, Navarra o Cantabria”, añadió Vieira.

El litigio de la futura Ciudad de la Justicia se verá en la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM en octubre de este año, donde se dirimirá si este campus debe desarrollarse con el tercer proyecto aprobado y con un montante de 105 millones de euros o, por el contrario, debe abandonarse.

El titular del TSJM aseguró que la región necesita 89 nuevos juzgados para los 21 partidos judiciales de la región. Gran parte de ellos deberían estar en la capital: 15 de primera instancia, 8 de lo penal, 20 de lo social y 6 de lo mercantil. A todos ellos tendría que ir unida la creación de 35 plazas de magistrado: cuatro para la sala de lo civil y de lo penal y dos para la sala de lo social del Tribunal Superior; 14 para las secciones de civil y 15 para el área de penal de la Audiencia Provincial.

Durante el año pasado, el número de asuntos pendientes de resolver se ha reducido en la región un 14,2%, lo que supera la media nacional (8,2%). De hecho, ingresaron en los juzgados de la Comunidad de Madrid 808.915 asuntos y se resolvieron 867.199. Eso sí, quedaron pendientes 303.024, una cifra bastante inferior a los 352.755 que estaban sin sentenciar a finales de 2015. “El descenso continuo en los casos pendientes evidencia el esfuerzo que realizan los juzgados y tribunales de la región, dando salida a más asuntos de los que ingresa, pese a que en la Comunidad hay sólo 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes”, explicó Vieira. Este recordó que en otras comunidades la ratio es mayor (Asturias, con 14,8 jueces; Cantabria, 13,6 y Castilla y León, 12,6) y la carga de trabajo es mucho menor.

“Los datos de la justicia en Madrid son positivos, porque se reduce el número de asuntos pendientes. Si fuera al contrario, sería preocupante. La justicia madrileña funciona relativamente bien por el esfuerzo intenso de las personas que trabajan en ella”, recordó el presidente. “En muchos órganos hay una carga superior a lo establecido, que es muy preocupante”, añadió Vieira, que destacó que se han superado los problemas en la tramitación electrónica (Lexnet) que se dieron al inicio del año y que causó tantos retrasos en la instrucción de los procedimientos.

Los asuntos penales caen un 50% en el último año

Las últimas reformas legislativas han beneficiado de manera especial a la jurisdicción penal. La eliminación de las faltas y su conversión en sanciones administrativas, junto con la remisión a los juzgados solo de los casos con autor conocido, han supuesto que haya ingresado un 50% menos de casos (452.335).

Los jueces también tienen que acelerar los procedimientos en este ámbito porque la ley obliga a que estén íntegramente tramitados en un plazo máximo de seis meses, salvo que se decrete que son complejos. Eso alarga la instrucción a un máximo de 18 meses. Esto se ha hecho en 6.999 casos penales y en 355 en violencia sobre la mujer.

El atasco en la jurisdicción penal se da, sobre todo, en delitos de naturaleza económica (estafas, apropiaciones indebidas y delitos societarios), ya que los jueces deben dar preferencia a los procesos en los que el supuesto autor se encuentra en prisión.