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OPINIÓN

Esto no es un referéndum

El único marco adecuado de referencia es el de las reglas y la práctica internacional

Carles Puigdemont, durante su intervención en el acto político "Garantías para la democracia".
Carles Puigdemont, durante su intervención en el acto político "Garantías para la democracia". EFE

La aparente solemnidad de la presentación de los preparativos del referéndum del 1-O no puede ocultar la realidad: lo que se prepara no es ni puede ser un referéndum.

Dejemos a un lado los aspectos más ruidosos, como el choque con las instituciones centrales, el enfoque judicial de la cuestión o las divisiones internas en el mundo independentista. ¿Serviría este tipo de consulta para conocer la opinión de una sociedad o, más aún, para que tome decisiones de tal trascendencia? El único marco adecuado de referencia es el de las reglas y la práctica internacional. Y aquí aparecen tres cuestiones cruciales.

La primera es la de la validez de un referéndum de secesión. Solo se consideran válidos aquellos que la comunidad internacional reconoce; y esta comunidad (normalmente encarnada por la ONU) plantea siempre una exigencia: la atribución al “Estado de partida” de la condición de ilegítimo. Ahí apunta la reciente insistencia del Gobierno de Puigdemont en el carácter autoritario del Estado español. Confundir la naturaleza de un Estado con el estilo político de su Gobierno es un error de manual, pero no hace falta remontarse tan lejos: basta con observar que España es considerada por el conjunto de los países democráticos como un miembro del club.

El segundo requisito es una aportación canadiense: la claridad. Y no tanto la claridad de la pregunta, sino la existencia de información clara sobre la situación que se generaría, en caso de resultado afirmativo. Información que se oculta: la llamada ley de transitoriedad sería solo discutida y aprobada en caso de la victoria del . Por tanto, se ignora todo sobre el proceso posterior, las negociaciones con Madrid y Bruselas, la condición de los ciudadanos, etc.

Y esta ocultación lleva a un tercer ámbito: el aplastamiento de los derechos de la oposición parlamentaria. Como muestran los estudios de opinión, la opción independentista es minoritaria en Cataluña; goza de una mayoría parlamentaria solo por obra de la ley electoral (por otra parte, muy cuestionada). El silenciamiento de la oposición, la introducción de un trámite de lectura única o la desatención a los dictámenes del Consejo de Garantías muestran una voluntad de predominio de la mayoría y de exclusión de las minorías (lo que se confirma con las previsiones sobre la financiación de la campaña previa, la creación de una Sindicatura Electoral sin los requisitos que establece el vigente Estatuto, o las reglas sobre los medios de comunicación).

Los promotores del “proceso” han insistido en afirmar que “esto va de democracia”. Y efectivamente, lo que está en juego es el funcionamiento democrático de la sociedad catalana. No hace falta remontarse a la legalidad constitucional vigente, o al marco normativo comunitario e internacional (cuyo veredicto no ofrece dudas): hoy el empuje de la causa independentista se propone reducir los márgenes de pluralismo y de libre debate en la sociedad catalana.


Joan Botella es presidente de Federalistes d’Esquerres.