Juicio a cuatro empresarios por solicitar subvenciones con datos falsos

El tribunal de la sección segunda de la Audiencia de A Coruña juzgará a partir de este martes a cuatro empresarios acusados de crear una sociedad domiciliada en As Pontes de García Rodríguez para supuestamente estafar a varios organismos públicos solicitando subvenciones oficiales. La fiscalía solicita para dos de ellos 7 años de prisión y 4 para los otros dos, y multas para cada uno de más de dos millones de euros, la cantidad que percibieron indebidamente, presentando documentación falsa.

El asunto, que se instruyó en un juzgado de Ferrol, tiene su origen en la mercantil Panorámica Dixital, creada en diciembre de 2001 a los efectos de lucrarse ilícitamente de las subvenciones que los acusados pudieran obtener al amparo de diversa normativa, según la fiscalía. Los acusados M.R.M.M., con antecedentes penales, A.R.R., A.P.B. y C.S.P., pretendieron hacerse con una financiación al 100% de la empresa y no con un determinado porcentaje menor de la inversión, tal y como estaba previsto en cada una de las respectivas subvenciones, además de invertir gran parte de lo obtenido en fines distintos de los previstos legalmente.

Con un capital social y activos tecnológicos prácticamente inexistente, los acusados le dieron a la sociedad apariencia de actividad empresarial generando un carrusel de facturas para obtener bonificaciones por la compensación entre el IVA soportado y el repercutido de las diferentes sociedades. También confeccionaron contratos de trabajo que simulaban el nivel de ocupación que se exigía por cada una de las ayudas aprobadas y simularon la compra de tecnología, siendo todo ello requisito necesario para que una vez aprobadas fueran liquidadas por las Administraciones Públicas.

A fondo perdido, los acusados solicitaron ayudas de Fondos Comunitarios, a la dirección general de Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales, al Instituto Galego de Pequena Empresa, al instituto para la Restructuración de la Minería y el Carbón y Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras (Miner) y a Endesa. Todo ello en base a lo establecido en el Real Decreto por el que se estableció la zona de promoción económica de Galicia dentro de la cual se señalaba como prioritaria As Pontes de García Rodríguez.

En la memoria del proyecto de inversión se hizo constar que la empresa tendría su domicilio en el polígono industrial de As Pontes, y como actividad la reprografía digital y creación de CD-DVD publicitario, con una plantilla total de 21 trabajadores. La inversión solicitada ante cada organismo era de 1,7 millones de euros.

En 2003 se aprobó una inversión a favor de Panorámica Dixital por importe de 336.581euros, resultado de aplicar el 20 % de la inversión aprobada. Con intención de obtener el dinero anticipado y parcial de la subvención, se contrató un préstamo bancario aunque legalmente no existía derecho de cobro por parte de los acusados al no cumplirse todas las condiciones.

De hecho, solicitaron aplazamientos sobre el plazo de vigencia para cumplir las expectativas de empleo y porque no habían obtenido los títulos de propiedad de los terrenos, conceptos que aparecían en el proyecto de viabilidad para optar a las ayudas públicas. Así, en 2005 se modificaron las condiciones del proyecto de inversión y la empresa descartó la titularidad de los terrenos aunque mantuvo su compromiso de creación de empleo.

Similares supuestas artimañas expone la fiscalía en su escrito de acusación que se realizaron ante otros organismos públicos, como el Instituto Miner. Las facturas, por ejemplo, “fueron confeccionadas para aparentar que se había adquirido los bienes de equipo expresados y sistemas informáticos”, señala. No obstante, tratándose de un proyecto cuya ejecución excedía de un año, se podían solicitar pagos a cuenta sobre hasta el 75% de la inversión efectuada. A este instituto también pidieron aplazamiento para realizar la inversión, alegando dificultades para encontrar el proveedor principal pero al final recibieron el importe de 341.000 euros solicitado.

En 2005, la Agencia Tributaria realizó una inspección en la que apareció una relación de 147 facturas supuestamente falsas, presentadas a diferentes empresas e instituciones, como las solicitó la devolución de 89.000 euros de IVA. Para complicar la inspección de Hacienda llegaron a falsificar la identidad y foto del administrador de la sociedad investigada.