La Guardia Civil niega que actuará de mala fe en el ‘caso Guateque’
El instructor, ya jubilado, recuerda que todo el proceso se hizo bajo la dirección del juez y el fiscal
La sentencia de la Audiencia Provincial que exculpó a los 30 acusados en la Operación Guateque, por corrupción en la concesión de licencias municipales, y que afirmaba que la Guardia Civil actuó de “mala fe” en la investigación ha sentado especialmente mal. Los investigadores aseguran que se han seguido todos los procedimientos que recoge la actual legislación y que todas las pesquisas estuvieron supervisadas por los dos jueces instructores y por el fiscal del caso. El jefe del Grupo de Policía Judicial, José Luis Cervero, ya jubilado, piensa mandar una carta una carta a los jueces para quejarse por el trato recibido.
La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó el lunes 19 una sentencia en la que exculpaba a todos los acusados al entender que la grabación que dio origen al procedimiento se consiguió “sin autorización judicial y al margen del cualquier procedimiento penal”. Por ello, toda la instrucción estuvo viciada, según los jueces, y se debía absolver a los 30 acusados. El fallo mantuvo que los agentes de la Guardia Civil actuaron de “mala fe” para conseguir la grabación.
Esta interpretación de los magistrados de la Audiencia Provincial ha enfadado a los investigadores, en especial al subteniente José Luis Cervero. Este recuerda que a ellos les llegó el testigo protegido Joaquín Hernández acudió a ellos para denunciar “una especie de trama u organización de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid”, según consta en el folio 3 del caso. “Tras recibir dinero en cantidades considerables de industriales de hostelería (discotecas, terrazas, cafeterías, etc.) facilitan licencias de apertura e informes técnicos favorables para poner en marcha sus respectivos negocios”, continúa el escrito.
El testigo facilitó una grabadora digital con una conversación con Antonio Sanz, un empresario e intermediario que estuvo implicado también en la trama. “La mandamos al servicio de Criminalística para que la estudiara y la transcribiera. Cuando ya la teníamos, le hicimos venir de nuevo y reconoció su voz”, asegura Cervero.
Disco compacto
Con toda la documentación, acudieron al juzgado para que el caso estuviera judicializado desde el principio. Allí se aportó el disco compacto con la grabación recogida por el testigo protegido.
En el folio 12 del caso consta la declaración del testigo ante la Policía Judicial de la Guardia Civil. Joaquín Hernández afirmó que acudió a las oficinas de Antonio Sanz y éste le proponía entregar entre “12.000 y 15.000 euros a un funcionario de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, llamado Victoriano Cevallos, y que él se encargaría de facilitarle la tramitación rápida del expediente para la apertura rápida del local”.
A partir de ahí, se pidieron pinchazos telefónicos y pruebas para llegar a desenmascarar todo el entramado que había en el Negociado de Medio Ambiente, según recuerda Cervero. “La escuchamos de nuevo ante el secretario y el testigo no dijo nada. Lo que tendrían que explicar ahora qué pasó con la grabadora y con el disco compacto. Alguien debería asumir sus responsabilidades. ¿Por qué los jueces no han deducido testimonio y han pedido que se investigue?”, afirma el subteniente retirado.
“Los jueces están mintiendo y de forma descarada. Es la primera vez, en mi dilatada carrera, que me han llamado la atención de esta forma y, sobre todo, por algo que no hemos hecho desde la Guardia Civil. Nuestros compañeros del Seprona [Servicio de Protección de la Naturaleza] también tenían información del tema. Estábamos todos en el buen camino”, relata Cervero.
Dos instructores y 30 acusados
La acusación. La fiscalía acusaba a los 30 acusados del pago de sobornos a funcionarios municipales para obtener licencias de locales.
El juicio. La instrucción de todo el caso se ha prolongado durante 10 años, a lo que hay que sumar cuatro meses de sesiones en la Audiencia Provincial de Madrid.
Dos instructores. El juez Santiago Torres inició la causa y la juez Rosa M. Freire la terminó.
Los procesados. El procedimiento se cerró con 30 acusados, para los que el fiscal pedía un total de 250 años de prisión.
La sentencia. El fallo de la sección 2ª de la Audiencia Provincial consta de 89 folios, de los que casi dos tercios se dedican a cuestiones previas y a las peticiones de las partes personadas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
