El fraude pactado en la venta de Álvarez llega a juicio por enésima vez
El fiscal, que ya presentó en 2003 su escrito de acusación, pide tres años de cárcel para cuatro exdirectivos por alzamiento de bienes
La acusación contra cuatro exdirectivos del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) de Vigo por la presunta venta fraudulenta y pactada de la empresa de fabricación de cerámica y vidrio en 1996, llega por enésima vez a juicio. El proceso se abrió tras la denuncia de extrabajadores de la firma a raíz de que esta entró en suspensión e pagos en 2001, dos años antes de que la Fiscalía de Pontevedra solicitase la apertura de juicio contra el que fuera presidente de la empresa, Enrique Tatay Huici, el entonces director general, José Orozco y los hermanos Mariano y Francisco Jiménez Ambell.
Para cada uno de los procesados por un presunto delito de alzamiento de bienes, la fiscalía solicita tres años de prisión y el pago de multa de 15.000 euros. En cuanto a la responsabilidad civil de los acusados, el fiscal estima que deberán reservarse las acciones que correspondan a los perjudicados, en el caso de que presenten reclamación al margen de la vía penal para la que el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo ha fijado cinco días de juicio.
El relato del fiscal, Fernando Grande Rodríguez, se remonta a los hechos ocurridos a partir del 4 de octubre de 1991, cuando el Instituto Nacional de Industria (INI), que había adquirido la empresa en 1976, vendió a través de su Consejo de Administración las acciones del grupo a la firma Pickman S.A. y a Estudesa, propietaria de la fábrica de loza, La Cartuja de Sevilla.
Dice el fiscal que la operación se llevó a cabo pese a la precaria situación financiera de GEA, que arrastraba cuantiosas deudas. Así, los acusados, “de ignorados antecedentes”, concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante la transferencia del patrimonio de la empresa gallega a Estudesa y Pickman, en perjuicio de los numerosos acreedores que tenía.
Para ello, mediante escritura notarial otorgada el 27 de diciembre de 1993, fundaron "Vidrios Automáticos del Noroeste, S.A. (VANOSA), cuyo capital estaba integrado por la finca que constituía su centro de trabajo y aportada por GEA. Al día siguiente, un representante del Grupo de Empresas Alvarez, Pickman, y de la recién fundada Vanosa, concertaron con el Banco Exterior de España un préstamo de 450 millones de las antiguas pesetas (2.7 millones de euros) en beneficio de Estudesa, con garantía hipotecaria que se constituyó sobre la citada finca, con una tasación a efectos de subasta de 882 millones de pesetas (5,3 millones de euros).
Pero Estudesa no pagó el préstamo a su vencimiento y el banco hizo la reclamación por vía judicial. En marzo de 1996, el juzgado de instrucción de Vigo adjudicó la finca de Vanosa al Banco Exterior de España como pago del préstamo del préstamo, más los intereses y gastos acumulados, siendo el valor contable de Vanosa unos 10,8 millones de euros.
“Persistiendo el mismo propósito de beneficio económico en perjuicio de los acreedores de GEA”, subraya el fiscal en alusión a los trabajadores de la empresa, la Tesoreria de la Seguridad Social, Ayuntamiento o FENOSA, en 1996, Estudesa cedió Corvagal, S.A., representada por el acusado Enrique Tatay, la totalidad de las acciones de Grupo de Empresas Álvarez. Dicha operación fue el detonante de que el grupo gallego y Vanosa entraran en suspensión de pagos.
En la escritura queda constancia del pacto fraudulento que alcanzan ambas partes y que representa una de las principales pruebas documentales del Ministerio Público: "Es elemento estructural básico y causal, inherente a la esencia de esta venta de acciones el que la compradora conoce y asume la existencia de una garantía hipotecaria prestada a favor de Estudesa., S.A. por Vidrios Automáticos del Noroeste, S.A. quien es sociedad dependiente y dominada por el Grupo de Empresas Alvarez, S.A., cuyas acciones son objeto de esta transmisión y, en atención a este venta se deja pactada la irrepetibilidad frente a Estudesa, de los pagos o perjuicios que la sociedad garante haga expresarnente por causa de dicha garantía, actualmente en fase de ejecución, quedando claro que, desde este momento, por ningún concepto ni causa tienen ni tendrán que reclamarse nada mutuamente, Estudesa, de una parte, y Grupo de Empresas Alvarez, S.A. o sus filiales a participados, de la otra, otorgándose recíprocamente finiquito universal."
