La ejecución del fallo contra Iberpotash divide de nuevo al Bages

Semana clave para el futuro de la mayor de las tres montañas de residuos salinos de Iberpotash en Sallent (Bages). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha convocado una vista este jueves para escuchar a las partes y determinar si acepta la moratoria solicitada por ICL, propietaria de las minas, para seguir depositando los desechos que generan la extracción de potasas durante un año y medio más. Una sentencia firme obliga a la minera de matriz israelí a dejar de verter residuos allí el próximo viernes. Los sindicatos piden ampliar el plazo para mantener la actividad minera. La empresa supedita la moratoria a más inversiones y mantener los 1.200 puestos de trabajo directos, algo que la CUP y entidades vecinales consideran un “chantaje”.

Hace casi cuatro años, el TSJC obligó a Iberpotash a dejar de acumular residuos salinos en el vertedero de El Cogulló, debido a su impacto medioambiental. La empresa había planteado en 2012 la puesta en marcha del denominado Plan Phoenix, un giro estratégico en su negocio basado en una inversión millonaria para concentrar su actividad minera en Súria y cerrar la mina de Sallent. Según sus planes, reutilizaría los desechos acumulados en esa montaña para producir sal vacuum, un producto de uso industrial. Pero antes, argumentaba, tenía que acondicionar las instalaciones a su nuevo proyecto. Entre otras requería construir un gran túnel (de unos 5 kilómetros de longitud y que desciende hasta los 900 metros bajo tierra), obra que tropezó con problemas de aguas freáticas.

"Ahora dicen que no pueden parar de verter en Sallent, cuando han tenido tres años para prepararse”, critican desde la plataforma Prou Sal, uno de sus más activos opositores, que insiste en la necesidad de que se cumpla la sentencia judicial. Fuentes de ICL argumentan que han esperado hasta el último minuto para presentar el incidente de ejecución de la sentencia porque tenían que conocer primero las condiciones impuestas por la Generalitat sobre la actividad minera en la comarca.

La propuesta de moratoria de la empresa pasa por poder seguir arrojando desechos hasta 2019, pero reduciendo un 70% el volumen. En una entrevista a EFE, Carles Aleman, el consejero delegado de ICL Iberia Súria & Sallent, explicó que Iberpotash ha invertido 390 millones de euros en Cataluña desde 2012 y que plantea dedicar otros 110 millones si se le dan las facilidades, algo que la matriz aún no ha decidido. Para ello, aseguró, es indispensable la moratoria y que la Generalitat avance en obras como el colector de salmuera que va hasta el Baix Llobregat.

“Estamos esperando a ver cómo se mueve la situación de las infraestructuras en Cataluña. Si la multinacional no lo ve claro, no ejecutará la segunda parte del plan”, alertó Aleman. “Para mantener la actividad en Súria y en Sallent necesitamos producir un millón de toneladas anuales de potasa, porque los costes fijos son muy importantes”, agregó el ejecutivo, que no descartó tener que presentar un expediente de regulación de empleo temporal.

La petición de la moratoria coincidió con una resolución del Parlament en la que, si bien no se menciona el incidente de ejecución, sí habla de “dar apoyo a las medidas transitorias que propone la industria minera”. Salvo la CUP, todos los grupos le dieron apoyo. Los anticapitalistas afearon que se esperara hasta el último momento para pedir la moratoria y creen que hay un trato de favor con ICL al llevarse una resolución directamente al pleno y no a la comisión parlamentaria correspondiente. “Nosotros lo que pedimos es que se acabe el chantaje sobre los empleos”, pidió la diputada Anna Gabriel.