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Los juristas del Parlament cuestionan la reforma exprés del reglamento

Los letrados aconsejan que cualquier cambio cuente "con el mayor consenso posible" y sea "cuidadoso y riguroso"

El Parlament, en la votación de los Presupuestos.
El Parlament, en la votación de los Presupuestos.

Los letrados del Parlament cuestionan la reforma exprés del reglamento de la Cámara catalana, impulsada por Junts pel Sí y la CUP y con la que, previsiblemente, agilizarán la aprobación de la ley de Transitoriedad Jurídica que supuestamente permitiría la convocatoria de un referéndum de independencia. El documento destaca el hecho de que la reforma se haya hecho por el “procedimiento de urgencia extraordinaria” y subraya la “conveniencia” de que reformas de este tipo se hagan “con el mayor consenso posible, como ha sido regla habitual”, además de ser “cuidadosa y rigurosa en su formulación”El documento no es un informe jurídico como el que acostumbran a elaborar los juristas de la Cámara. Se titula Observaciones y propuestas jurídicas y técnicas a la reforma del reglamentoy lo firman Xavier Muro, secretario general del Parlament, y Antoni Bayona, el letrado mayor. Pero destacan que el documento es la consecuencia de una reunión de la Junta de Letrados, que, reunida el 6 de junio, consideró necesario emitir esas observaciones y aportaciones al texto.

El PSC ha llevado el texto al Consejo de Garantías Estatutarias por un artículo, el 135, que habilitaría la posibilidad de que una ley pueda ser tramitada por el procedimiento de lectura única si así lo demanda un único grupo parlamentario. Pese a todo, los dos grupos independentistas prevén poder aprobar la reforma del reglamento, para cuya elaboración evitaron escuchar a los expertos, en los dos plenos que se celebrarán el mes de julio.

La tramitación de leyes por lectura única, que permitiría aprobar la ley de desconexión en un tiempo récord y sin apenas debate, es una de las modificaciones que entra a analizar el documento entregado ayer al conjunto de los grupos parlamentarios. Los letrados consideran que el redactado puede conllevar a interpretaciones “en un sentido restringido” que impediría la tramitación de enmiendas. La preocupación de los letrados se centra en la situación en la que quedarían “las minorías parlamentarias”. El documento evita alcanzar conclusiones categóricas en ningún punto, pero apuesta en algunos artículos por proponer redactados alternativos y más concisos.

¿Un debate de Política General en agosto?

Los letrados también ponen en duda otras modificaciones del reglamento, como el cambio del calendario de sesiones, que Junts pel Sí y la CUP quieren que se amplíe a la segunda quincena de agosto, de forma que se pueda aprobar en ese periodo la ley de Transitoriedad Jurídica. Los letrados admiten que el Estatuto no limita esa posibilidad pero sí que reconoce que debe haber dos periodos ordinarios de sesiones al año. Además apuntan que la segunda quincena no empieza el 15 de agosto, sino el 16, por lo que se entiende que tendría que ser modificada la fecha. Y recuerdan que en el periodo que sigue a las vacaciones estivales, en septiembre, se debe celebrar el debate de Política General, por lo que “haría falta revisar esta referencia en coherencia con la modificación” del calendario.

Otra modificación que el documento aborda es el de la posibilidad que dos grupos parlamentarios puedan modificar sobre la marcha el orden del día de un pleno para poder introducir un nuevo asunto, como sería el caso de la ley de desconexión para evitar la más que probable impugnación del Tribunal Constitucional.

Los letrados ponen en duda el redactado propuesto, al considerar que “una interpretación literal” podría permitir a “una mayoría parlamentaria relativamente poco reforzada” tramitar una ley que no hubiera cumplido todos los trámites pertinentes. “Esta regulación especialmente laxa contrasta claramente con las reglas que establecen otros reglamentos parlamentarios sobre esta cuestión”, reza también el documento, que afirma que tanto el Congreso como el resto de cámaras autonómicas son mucho más estrictas en ese punto, ya que obligan a que la ley que se someterá a votación tenga que haber superado las condiciones habituales.

Los letrados, como en otros artículos analizados, consideran que ese artículo puede “tener un impacto” sobre las facultades que identifican la labor de los diputados, el denominado ius in officium. Esos derechos, señalan las observaciones de los dos principales letrados del Parlament, podría quedar a expensas de “una mayoría parlamentaria que dispondría de facto del poder de excluir la realización de trámites establecidos por el Reglamento”.