El Código Ético de Colau no logra el apoyo de la oposición

Un año y medio de trabajo. Tres periodos de exposición pública y veinte versiones del texto. El próximo viernes llegará al pleno el texto definitivo del Código Ético impulsado por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Un texto pionero, porque es de obligado cumplimiento, en el que además de los partidos han participado sindicatos, la Síndica o la comisión de Garantías del Parlament. Que afecta a casi 500 empleados municipales (electos, directivos y cargos de confianza) y contempla régimen sancionador. Pero que todavía no tiene el apoyo de la oposición. Ayer en la comisión de Presidencia los grupos se reservaron el voto para el pleno (el día 30), a la espera de poder pulir detalles.

Uno de los puntos que han centrado buena parte de las discusiones ha sido la designación como cargos de confianza de parejas de los concejales del Gobierno. Los eventuales finalmente sí están en incluidos en el Código, pero no les afectan los conflictos de intereses que afectan al resto de contrataciones (como el parentesco con los directivos o electos) porque como cargos de confianza que son no se contratan sino que son nominados. PP y ERC, con todo, esperan conseguir que una disposición adicional aluda a la revisión de los nombramientos del gobierno Colau.

“Este texto no es de un gobierno ni de un partido, es de todos”, celebró el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, que apuntó que “a fuerza de incorporar matices y correcciones, el texto ha perdido un poco de la coherencia inicial”. “Ahora es más rico y legítimo”, dijo Asens que celebró aportaciones como la presencia de dos juristas independientes en el Comité de Ética (gracias al PP), que tendrá que pasar por el Plenario, o transparencia sobre las dietas que cobren los cargos por participar en órganos ajenos al ayuntamiento (ERC).

La alma máter del texto ha sido el gerente de Recursos, Joan Llinares, que se marcha a València dirigir la Agencia contra el Fraude. "Es un documento muy importante", defendió. Y pionero porque es obligatorio, "es norma legal", por el "ámbito tan amplio que abarca", porque prevé sanciones si se incumple y porque prevé la creación de un comité independiente de seguimiento.

El PDeCAT auguró que será difícil de aplicar, porque se ha complicado, e insistió en “si el Código garantizará que no se contrate a personas muy próximas al gobierno”. ERC insistió mucho en que, por mucho que los eventuales no se contraten sino que designen, su elección debería estar sujeta al código para evitar que se fiche a familiares.

Especialmente duro estuvo el concejal republicano Jordi Coronas durante una proposición de su grupo que logró apoyo para pedir la retirada de un decreto del gobierno que permite fichar a directivos que no sean funcionarios. El concejal de Presidencia, Eloi Badia, defendió el decreto y que “si algo se ha hecho en este mandato es poner fin a la opacidad, solo 13 de 186 direcciones son ocupadas por no funcionarios”.

Pero Coronas no se conformó con estos argumentos y aseguró que “Colau inventa procesos públicos para cubrir plazas que siempre ganan los suyos”. El concejal citó casos de directivos vinculados a Barcelona en Comú para acabar afirmando que el ejecutivo “llegó diciendo que lo cambiarían todo y son la nueva casta municipal y sectaria”. “Han hecho un decreto para nombrar amigos y afines”, zanjó.