Duras críticas a la sentencia absolutoria del ‘caso Guateque’
La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, o el ministro del Interior, Ignacio Zoido opinaron al respecto
Las reacciones a la sentencia absolutoria para los 30 acusados del caso Guateque hecha pública ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial no se han hecho esperar. La alcaldesa en funciones de Madrid, Marta Higueras, criticó que "por un defecto de forma se vaya al traste el procedimiento" y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha denunciado que se produjeron una serie de perjuicios para los procesados que "a ver quién les repone su dignidad y sus derechos". Una década después de que saltara el escándalo por una trama en la que se hicieron supuestos pagos ilegales a funcionarios municipales para agilizar licencias y en la que llegaron a estar implicados más de 100 empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento madrileño, el caso se ha quedado en nada.
Los magistrados que firman la sentencia, absuelven a los 30 acusados al considerar nula la grabación que dio origen al proceso porque "no tenía autorización juidicial", además de que acusan a agentes de la Guardia Civil de actuar de “mala fe” para conseguir la prueba. La decisión de la Audiencia exime de responsabilidades a Sara López Moreno, exfuncionaria municipal de Chamberí, y los empresarios inmobiliarios Julián Félix Serrano y Salvador José del Campo, a pesar de haber reconocido su culpabilidad.
"Verdaderamente han pasado cosas y la verdad es que hubiéramos deseado que ese procedimiento hubiese salido adelante", aseguró ayer la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, al finalizar la comisión municipal de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Por su parte, el ministro del Interior, Ignacio Zoido, explicó que apoya que "la Guardia Civil siga investigando con libertad pero introduciendo controles de legalidad para no dañar la dignidad y derechos de las personas como ha pasado en el caso Guateque". "A ver quién les repone su dignidad y derechos, algunos de ellos privados a lo largo de la dilación del proceso", comentó.
El ministro reconoció que aún no leyó las 90 páginas de sentencia del caso y según él "una justicia que llega tarde no es justicia", en referencia a los 10 años que duró el proceso y los cuatro meses de instrucción (además hubo dos jueces instructores). Por último, Zoido afirmó que "en ocasiones pueden reunirse en el tiempo determinados hechos que hace que se pongan en duda instrucciones de unidades especializadas como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional".
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