La ex letrada jefe de la Asamblea de Madrid se niega a declarar ante los diputados

Tatiana Recoder, ex letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Asamblea de Madrid e integrante del comité de expertos que intervino en la adjudicación del contrato de la cafetería del Parlamento autonómico de 2009 investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se ha negado a responder a las preguntas de los diputados esta mañana en la comisión de investigación contra la corrupción. En la actualidad, Recoder ya no ocupa un puesto directivo, pero continúa formando parte del cuerpo de abogados de la Asamblea.

La letrada se ha personado en la sala donde se está desarrollando la sesión y ha indicado que tras su declaración ante la UCO el 9 de marzo de 2017, "no he sido objeto de investigación judicial de ningún tipo". A continuación, ha añadido que su labor (como funcionaria) "en esta casa me obliga a quedarme en ese ámbito sin intervenir en el político".

La abogada informó sobre los pliegos de adjudicación y realizó el informe que sirvió de base para la adjudicación del contrato al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la caja b del PP madrileño. El comité de expertos estaba formado por tres personas: junto a Recoder se encontraban Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, y María Merino, jefe de protocolo del Gabinete de Presidencia, que también ha declarado hoy ante la comisión parlamentaria. 

El informe de la UCO especifica que algunas de las supuestas irregularidades detectadas "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los personas integrantes del comité de expertos que decidió el concurso y entre las que cita expresamente a Cifuentes. El documento concluye que este último hecho "ha podido acreditarse de manera indubitada" en uno de los aspectos de la adjudicación bajo sospecha. 

Las tres declaraciones que analizaron los agentes son las de María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma. A Cifuentes, en cambio, la UCO no la llamó para conocer su versión de los hechos. 

"Muerta de miedo" ante la UCO

La jefa de Protocolo del Gabinete de Presidencia, María Merino, en cambio, ha contestado a las preguntas de los diputados sobre los polémicos concursos, a pesar de que su abogada se lo había desaconsejado. Merino ya declaró el pasado 9 de marzo ante la UCO por la misma causa. Y lo "muerta de miedo", ha relatado hoy. Ha reconocido que la modificación del criterio que valoraba la experiencia de las empresas (se subdividieron los 40 puntos iniciales en 30 para las que ofertaran mayor experiencia en servicio de hostelería público y 10 en privado) no era legal, pero que ella no contaba en ese momento con los conocimientos necesarios para haberlo detectado. En aquel momento contaba con estudios de Psicología y Filosofía y, en la actualidad, es licenciada en Derecho. Aún así, la "asume" porque firmó la adjudicación. 

La cargo de confianza del PP se ha referido continuamente a que siguió los criterios de los técnicos, siguiendo la misma estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid en su declaración ante la misma comisión parlamentaria el pasado 2 de junio. Merino ha relatado que en el primer contrato, el de 2009, nadie le comentó que iba a formar parte del comité de expertos. Se enteró porque se encontró varias cajas con documentación en su despacho. “Ya sé que parece increíble, pero no se sorprenda, esas cosas pasan”, ha respondido a César Zafra, diputado de Ciudadanos.

"El comité de expertos no se constituye de forma irregular, porque lo hace la Mesa de la Asamblea en el que están representados todos los grupos políticos por la Cámara", ha advertido Merino al diputado de Podemos Ramón Espinar. “No le consiento que diga que yo he amañado un concurso en el lugar del crimen (el despacho de Cifuentes)”. También ha recordado que, a día de hoy, no hay ninguna investigación judicial abierta por este motivo. 

El diputado socialista Rafael Gómez Montoya le ha recordado que un técnico de la Asamblea de Madrid (Arturo Zubiri) declaró ante la UCO que fue ella (Merino) quien le obligó a modificar las puntuaciones del concurso en una reunión que mantuvieron con Cifuentes. Merino ha negado también ese extremo.