Alicante pagará 19,5 millones a un complejo turístico al que el PP dio una licencia ilegal
La empresa construyó en una superficie muy superior a la autorizada por el Consell
El Ayuntamiento de Alicante deberá indemnizar con 19.495.522 euros a Royal Class Resort SL, la propietaria del complejo turístico El Plantío, que incluye un campo de golf y apartamentos en la pedanía de Bacarot, para cubrir la inversión en materiales y obras que la empresa ejecutó en virtud de una licencia urbanística manifiestamente ilegal concedida en el año 2005 por el gobierno municipal, regido en esa legislatura por el PP con mayoría absoluta. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la provincia ha declarado en una sentencia la responsabilidad patrimonial de la corporación local en los perjuicios económicos sufridos por la promotora.
La licencia de obra mayor y apertura fue otorgada por la entonces concejal de Urbanismo del PP, Sonia Castedo, para un aprovechamiento urbanizable de 22.375 metros cuadrados, casi 8.000 más de los autorizados por el Gobierno valenciano en 1993 en la firma de una declaración de interés comunitario (DIC) para la iniciativa. Castedo sucedió en la Alcaldía a Luis Díaz Alperi en 2008 y acabó dimitiendo en diciembre de 2014 a causa de su implicación en una trama de corrupción vinculada al Plan General de la ciudad, derivada del caso Brugal y en la que también está procesados su antecesor y el empresario Enrique Ortiz, entre una decena de sospechosos.
El complejo turístico de El Plantío prevía la construcción de 204 apartamentos para 960 plazas, pero se acabó quedando en 90 unidades turísticas después de diversos pronunciamientos judiciales. El proyecto era una apuesta personal de Manuel Ferri Sánchez a través de la mercantil Finca lo Cirer SL. Ferri, un constructor oriundo de la comarca de la Vega Baja que ya participó en la polémica tercera fase de ampliación del hotel Meliá, buque insignia del sector hotelero en la ciudad, en la década de los años 90, una inversión que le llevó incluso a ser secuestrado por un grupo criminal.
El juez Salvador Bellmont ha reconocido ahora el derecho de Royal Class Resort SL, heredera de Finca Lo Cirer en la titularidad de las instalaciones, a ser indemnizada con casi 19,5 millones de euros por el “daño emergente“ que sufrió con la construcción de edificios y demás infraestructuras que quedaron paralizadas. En esa cantidad se incluyen tanto los intereses del crédito bancario como los demás gastos materiales y honorarios profesionales en los que incurrió por exceso la promotora del complejo. En cambio, el magistrado ha rechazado aumentar la indemnización en otros 31,2 millones por el lucro cesante de la actividad y los daños morales, como pretendía la parte demandante.
El fallo anula el decreto dictado en febrero de 2015 por el Consistorio en el que se desestimaba por vía administrativa la compensación reclamada por Royal Class Resort SL. El juez Bellmont ha dictaminado que la corporación estaba encargada de controlar “la adecuación de la licencia concedida a la legalidad vigente“ y no lo hizo. “La nulidad de la licencia indebidamente concedida provocó que las obras autorizadas por el municipio no pudieran ser ejecutadas, al concurrir un vicio de nulidad de pleno derecho en la actuación llevada a cabo por el ayuntamiento demandado“, precisa la resolución, que puede ser recurrida ahora ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El juez critica que el Consistorio alegara su falta de conocimiento de la declaración de interés comunitario aprobada por la Generalitat en 1993, puesto que esa declaración “es un acto administrativo de naturaleza jurídico-pública que es objeto de publicaciónen el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV)“, de forma que si no lo conocía, “debía hacerlo, conforme a una razonable y exigible diligencia“.
El destino ha querido que el alcalde de Alicante que deba gestionar ahora el pago de esta indemnización millonaria, el socialista Gabriel Echávarri, abogado de profesión, fuera el encargado de recurrir en su día ante la justicia la licencia urbanística firmada por Castedo.
El letrado de Royal Class Resort SL, Eduardo Medina, ha asegurado este martes que sus clientes solo quieren “desarrollar de forma pacífica“ su negocio, por lo que ha apelado al equipo de gobierno de Alicante, un tripartito en el que participan PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant, a desbloquear el conflicto. “Es inaudito que la mejor instalación hotelera que tiene actualmente la ciudad, que atrae a un turismo de calidad, siga sin tener la debida seguridad jurídica“, ha dicho el representante legal de los demandantes.
