Carmena deja la EMT sin reservas para cumplir el ajuste de gasto

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, prevé reducir en 24 millones de euros su aportación a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) este año. Además, el Consistorio recibirá de la EMT 42,8 millones para hacer frente a la inmovilización de 238 millones derivada del incumplimiento del techo de gasto en 2016. Con esta maniobra, el Ayuntamiento dejará a la empresa con solo nueve de sus 50 millones de reservas.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha diseñado una compleja maniobra financiera para contrarrestar la congelación de fondos de 238 millones a la que se ve obligado el Ayuntamiento para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La EMT, empresa de bandera del Ayuntamiento, fundada en los años cuarenta del pasado siglo, es una de las principales afectadas por este terremoto financiero que obliga al Consistorio a retirar casi el 5% de los 4.700 millones que había aprobado para este año.

La EMT proporcionará nada menos que 42,8 millones (el 18%) del monto total de la inmovilización, a través de un traspaso de fondos justificado como reparto de dividendos al Ayuntamiento. Ese dinero se restará de las reservas de la entidad. El importe coincide con las "reservas voluntarias" de 32,8 millones de euros y de "fusión" de 10 millones, según los datos de la cuenta anual de 2016 de empresa.

La legalidad de la medida levanta dudas. La reserva de casi nueve millones que le quedaría a la EMT no alcanzaría el 20% de su capital social, tal y como impone la Ley de Sociedades. La empresa tiene un capital social de 115,5 millones y al final de este año su reserva legal deberá alcanzar un mínimo de 23,1 millones.

Un portavoz del Área de Economía y Hacienda sostiene que la EMT acabará el año con más patrimonio del que tenía al principio. "El dinero inmovilizado para dar cumplimiento a los acuerdos de no disponibilidad será cubierto con otras fuentes de financiación", asegura.

Sin embargo, algunas dudas quedan, puesto que la reducción de reservas de una sociedad pública podría afectar a su solvencia, y con ella, a la necesidad de transferir más dinero desde el Ayuntamiento para hacer frente a hipotéticas crisis de liquidez.

La posesión de reservas en el patrimonio neto facilita la financiación con recursos propios de operaciones o proyectos sin la necesidad de obtener préstamos o créditos. Además, esas reservas sirven para cubrir las pérdidas o equilibrar la situación financiera de la sociedad. A fin de cuentas, su solvencia depende, entre otras cosas, de que disponga liquidez para eventuales imprevistos sin recurrir a préstamos.

Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto del PP y responsable de Economía, considera que esta operación es, más que ingeniería financiera, un "burdo chanchullo" impropio del Ayuntamiento. "Cómo si no calificar una operación en la que una empresa pública 100% municipal y que recibe ingentes transferencias del presupuesto del Consistorio diga que va a repartir dividendos a su único accionista", afirma.

El dirigente del PP ironiza con "la probada experiencia del militante de IU Sánchez Mato" en la gestión de operaciones contables y financieras de empresas privadas, como la que llevó a cabo con el grupo Herlobe, "un conglomero empresarial del sector del mueble que se declaró en concurso de acreedores en 2012".

La EMT cuenta con más de 8.500 empleados y una flota de 1.900 autobuses. Explota una red de 204 líneas. Además de ser responsable de los autobuses y de 5.000 plazas de aparcamiento en la capital, la EMT asumió el pasado año la gestión del servicio Bicimad. Lo compró por 10,5 millones de euros.

La retención de 238 millones se aplica por el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 234 millones de euros en 2016, y en otros 16 millones en 2015. La norma entró vigor en 2013, tras la firma del pacto fiscal europeo y la reforma del artículo 135 de la Constitución. Gracias a esa ley, España pudo obtener el dinero necesario para el rescate financiero durante la crisis. Su objetivo es controlar el gasto público de las corporaciones locales para que cumpla los objetivos de estabilidad europeos.