¡Ay, de los ciudadanos de Cataluña!

En lo que parece ser el sprint final del proceso soberanista, los partidos independentistas empiezan a abandonar los eufemismos y cada día hablan menos del inexistente “derecho a decidir” y más de un derecho consolidado en Derecho internacional, el “derecho a la autodeterminación”. Se encuentran con el problema de que, como ha e plicado el exsecretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, el caso de Cataluña no encaja con ninguno de los supuestos que la ONU prevé para la aplicación de ese derecho. Lo han intentado de todas las maneras. Han presentado Cataluña como una colonia de España, como un territorio sometido a ocupación militar y, recientemente, parecen cifrar sus esperanzas en convencernos a los catalanes, y a la comunidad internacional, de que somos una minoría nacional sometida a constantes violaciones de nuestros derechos y libertades fundamentales, algo así como los kurdos de España. Ya hablan abiertamente de violaciones de derechos humanos. Artur Mas se equiparó con Gandhi, Luther King o Mandela y ahora Puigdemont se dedica a comparar por doquier la democracia española con la Turquía de Erdogan. En esto, según el ranking mundial del Índice de Democracia de The Economist España se sitúa un año más entre las “democracias completas”, por encima de países como Estados Unidos, Italia, Japón, Bélgica y Francia, entre otros, catalogados por la publicación como “democracias defectuosas”. Los miembros del Govern han olvidado definitivamente que representan al conjunto de los catalanes y no solo a los independentistas, y se comportan como si, en lugar de ser los representantes de un Estado democrático de derecho en una de sus comunidades más pujantes, fueran los líderes de un movimiento clandestino de liberación nacional cuyo objetivo fuera derrocar un régimen totalitario. Y así, como representantes de un pueblo oprimido, se presentan en Bruselas, París o Nueva York. Es verdad que no les recibe ni un solo mandatario digno de tal nombre, pero es que sus viajes son más bien de autoconsumo para independentistas, aunque la factura la paguemos entre todos. Muchos catalanes sentimos una gran impotencia al ver cómo nuestros gobernantes van por el mundo tratan do de denostar a nuestra costa la democracia española. Están decididos a internacionalizar el unanimismo que preside el debate público en Cataluña. Mientras propalan allende y aquende el mantra de la baja calidad democrática del Estado español, siguen adelante con su proceso rupturista y, a tal efecto, no dudan en reformar a la brava el reglamento del Parlament o en mantener la llamada ley de transitoriedad jurídica en un “cajón cerrado a cal y canto”, todo muy democrático, transparente y respetuoso con nuestros derechos y libertades fundamentales. Lo hacen en contra de la Constitución y sin contar con las mayorías parlamentarias que el Estatut exige para la toma de decisiones de especial trascendencia. Ni los dos tercios que se necesitan para aprobar una ley electoral propia, ni siquiera los tres quintos necesarios para nombrar al Síndic de Greuges, cuya función es proteger y defender los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y el Estatut. Por desgracia, los catalanes a los que nos preocupa la deriva cada vez más iliberal de nuestro gobierno autonómico, empeñado en quebrantar la Constitución y desobedecer al Tribunal Constitucional, tampoco podemos contar con la protección del Síndic. Su último informe se titula: Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España (sic). El Síndic, Rafael Ribó, que se supone que es de todos y no solo de los independentistas, asume a pie juntillas el relato que han construido los partidos independentistas sobre la baja calidad democrática del Estado español. Por supuesto, ni palabra sobre el desacomplejado incumplimiento de las sentencias del TC por parte del Govern (acreditado incluso por sendas sentencias del TSJC y del TS). El Síndic insiste en citar de forma sesgada el dictamen que la Comisión de Venecia emitió sobre la reforma de la Ley Orgánica del TC y, por supuesto, se olvida de que la Comisión subraya sobre todo la exigencia de que los gobernantes cumplan la ley, respeten la Constitución y acaten las sentencias del TC. Claro, porque lo que hacen nuestros gobernantes cuando desacatan las resoluciones judiciales es libertad de expresión. El informe está lleno de expresiones inmoderadas. Habla de “¡criminalización de las opiniones disidentes!” y de “medidas restrictivas que utilizan los tribunales de justicia contra conductas de ciudadanos o representantes políticos que en un sistema democrático deberían ser consideradas ejercicios legítimos de la libertad de expresión”. Son solo dos ejemplos que evidencian que se trata de un informe de parte, probablemente con la finalidad de proveer a Puigdemont de un prontuario con el que ilustrar su fábula de que España es como Turquía. Esa es la esotérica tesis oficial del Govern, que el Síndic compra sin matices en un ejercicio de partidismo que menoscaba el prestigio de la institución que Ribó encarna. Con semejantes defensores… ¡Ay, de los ciudadanos de Cataluña!