Colau quiere restringir los coches a partir del 1 de diciembre

El Ayuntamiento de Barcelona sigue avanzando en la preparación de un protocolo de actuación para los episodios contaminantes, a la espera de que la Generalitat, el ente que realmente tiene las competencias para poner en marcha las medidas, se pronuncie. En la sesión de seguimiento de este miércoles de la Mesa Contra la Contaminación del Aire, el consistorio ha avanzado que está preparado para que el protocolo entre en vigor a partir del próximo 1 de diciembre. A partir de ese día, si se decreta un episodio de alta polución, el Ayuntamiento pretende vetar a los coches que no tengan la etiqueta de la Dirección General de Tráfico entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde.

El consistorio gobernado por la alcaldesa Ada Colau ha intentado ir siempre un paso por delante de las demás administraciones en la lucha contra la contaminación, que según diversos estudios es la causa de 3.500 muertes prematuras cada año en el área de Barcelona. Aunque no se ha decretado nunca en la capital catalana un episodio de alta contaminación, el anuncio de la fecha de inicio del protocolo aún sin tener las competencias es una medida más de presión para que tanto la Generalitat como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lleven a cabo los compromisos adquiridos recientemente. 

Precisamente, la batería de medidas anunciada tanto por la AMB como por la Generalitat en los últimos meses ha suscitado distintas reacciones en los colectivos implicados. A raíz de un estudio presentado este miércoles, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) pide unificar las normativas de las administraciones para hacer prevalecer el criterio de la aplicación progresiva de las medidas, especialmente la de la retirada de la circulación de los coches viejos. Por su parte, los grupos ecologistas de la Plataforma para la Calidad del Aire consideran que las medidas tienen que ser más ambiciosas para llegar a la reducción de un 30% del uso privado del coche.

La normativa de la AMB, que se aplica en los 37 municipios que la conforman, prevé que a partir de 2020 no podrán circular los coches de gasolina anteriores al año 2000 ni los diésel anteriores al 2006. Por otro lado, la normativa de la Generalitat, que se aplica en las carreteras interurbanas, fija la restricción en 2019 y para turismos y furgonetas con matrícula anterior a 1997. El RACC pide aplicar la medida de la Generalitat, "porque permite más progresividad y porque no afecta a más gente de la necesaria para conseguir los niveles de calidad del aire que buscamos", explica Lluís Puerto, director técnico de la fundación del club automovilístico.

Las diferentes administraciones mostraron en el pasado mes de marzo la voluntad de hacer un frente común, y se comprometieron a retirar, a partir de 2019 y en los días laborables, las furgonetas anteriores a 1996 y los coches con matrícula anterior a 1999. No obstante, de momento los marcos regulatorios son distintos: "Reclamamos una normativa única, porque el usuario que tiene el coche viejo es el mismo que va por una vía interurbana que el que va por calles municipales", asegura Puerto. 

Entre las propuestas del club automovilístico destaca un sistema de ayudas e incentivos para la renovación del parque de vehículos. Por ejemplo, invertir el nuevo impuesto sobre el dióxido de carbono en ayudas económicas para los usuarios que tengan que renovar el coche. "Se trata normalmente de gente vulnerable que no puede cambiarse el coche, porque nadie quiere tener un vehículo de más de veinte años: necesitan una alternativa para comprar un coche limpio", añade Puerto. El informe de RACC también pide desincentivar el consumo del diésel y mejorar la red de transporte público.

Por su parte, los grupos ecologistas que forman parte de la Plataforma para la Calidad del Aire han puesto en marcha este miércoles una campaña para reclamar medidas más extremas, ya que aseguran que el 95% de la población de la ciudad de Barcelona está expuesta a unos índices anuales de contaminación en el aire superiores a los niveles de protección de la salud. Por eso, piden que el tráfico privado se reduzca un 30%, y que se dificulte la circulación de vehículos privados con peajes en la entrada de la ciudad.