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OPINIÓN

Cuestión de costes

Una actuación político judicial de fuerza sobre Cataluña conllevaría una elevada factura para Rajoy, el PP y la ‘marca España’

Ciudadanos votan en una escuela de Barcelona el 9-N de 2014.
Ciudadanos votan en una escuela de Barcelona el 9-N de 2014.

Era el titular de portada de este diario el jueves 25 de mayo, a cuatro columnas: El Gobierno, dispuesto a todo para impedir el referéndum. El subtítulo precisaba más la idea: El Ejecutivo asegura que hará uso de cualquier instrumento a su alcance para evitar el coste de imagen mundial de la presencia de urnas en Cataluña. En el desarrollo de la noticia, el clavo era remachado con insistencia: contra otro 9-N, el Gobierno “utilizará todos los medios”, “haremos lo que haga falta para evitarlo”, etcétera.

Descontada la veracidad de la información, esta resulta más inquietante que sorprendente. Inquietante, dado el carácter genérico e indiscriminado de esas expresiones (“cualquier instrumento a su alcance”, “todos los medios”, “lo que haga falta”...) que, sin las apostillas propias de un Gobierno de la UE (instrumento democrático, medios pacíficos o proporcionados...) parecen más propias del lenguaje amenazador y chulesco de un Erdogan o de un Putin.

Desde luego, algunas democracias occidentales han recurrido en ocasiones a medidas de excepción, incluyendo la suspensión del autogobierno de un territorio autónomo o un Estado federado. A lo largo del último medio siglo, el gobierno británico suspendió repetidamente la autonomía de Irlanda del Norte y disolvió el Parlamento de Stormont; eso sí, lo hizo en un conflicto armado que iba a acumular más de 3.500 muertos. En octubre de 1970, el gobierno federal canadiense aplicó a la provincia del Quebec la llamada Ley sobre medidas de guerra y desplegó al ejército por Montreal; actuaba de este modo en respuesta a la escalada de actividades terroristas del Front de Libération du Québec (FLQ), que sumaba decenas de atentados con bomba, atracos, secuestros y un puñado de asesinatos.

Felizmente, tras casi seis años de trayecto y un buen número de manifestaciones masivas, el proceso independentista catalán no ha provocado ni un herido. En estas condiciones, ¿el crimen nefando de pretender la celebración de un referéndum justificaría la aplicación de los artículos 116 o 155 de la Constitución, o el recurso a las Fuerzas Armadas que insinuó recientemente la ministra María Dolores de Cospedal? Ello, ¿en el mismo Estado donde, durante los lustros más sangrientos de ETA y pese a toda aquella teoría sobre “el árbol y las nueces”, a nadie —a nadie, ni siquiera a José María Aznar o a Jaime Mayor Oreja— se le ocurrió la posibilidad de suspender la autonomía del País Vasco?

Según la información aludida al principio de este artículo, al Gobierno de Mariano Rajoy le desazona el coste de imagen “de las televisiones internacionales emitiendo noticias de que en una parte de España se organiza un referéndum ilegal”. Es comprensible. Pero, a la vez, cabe suponer al Ejecutivo del PP consciente de que, según cuáles sean los medios empleados para impedirlo, el coste de imagen mundial puede ser aún más oneroso.

A los gobiernos extranjeros se les puede presionar con promesas, amenazas o intercambios de favores, según explicó cumplidamente el exministro del ramo, José Manuel García-Margallo. Las cámaras legislativas ya resultan menos influenciables. Los medios de comunicación y sus periodistas lo son menos todavía, y las opiniones públicas de tradición democrática lo son muy poco.

Quiero decir que, según mi modesto juicio, a las ciudadanías neerlandesa, o belga, o escandinavas, o suiza, o austríaca, o..., les costaría mucho entender que, para impedir a millones de personas pacíficas el ejercicio del voto (legal, ilegal, simbólico, vinculante o mediopensionista, pero el simple voto), se desplegasen masivamente por las calles catalanas fuerzas policiales o militares, y se bloqueara físicamente el acceso a los centros de votación, y se suspendiese —en bloque o por porciones— el autogobierno catalán, y se proclamara el estado de alarma, de excepción o de sitio, restringiendo los derechos y libertades que constituyen el fundamento del acquis communautaire.

Porque todos estos escenarios hipotéticos —que, al parecer, el Gobierno tiene ya catalogados en un “manual de actuación” secreto— también aparecerían en las cadenas internacionales de televisión, y en las redes sociales, y en todas partes. A día de hoy es inimaginable una actuación político-judicial-de fuerza como la que barajan desde la Moncloa sobre Cataluña..., y que sea invisible. Sería muy visible a nivel mundial y conllevaría una elevada factura de imagen para Rajoy, para el PP y para la marca España en todos los terrenos. Antes de actuar, pues, tendrán que echar cuentas.

Joan b. Culla i Clarà es historiador