Casi el 80% de la deuda catalana estará en manos del Estado este año

El 78% de la deuda de la Generalitat estará en manos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a finales de este año. Según el plan de ajuste acordado entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Vicepresidencia, en diembre el FLA habrá prestado 54.061 de los 69.855 millones de euros que deberá la Administración catalana. En el plan que permitirá seguir recibiendo los fondos del Estado, el Gobierno catalán se compromete, además, a seguir bajo la intervención del FLA que el Ejecutivo central impuso en noviembre de 2015. Ese control, que se aplicó tras la resolución del 9-N, quiere garantizar que no se gaste en las llamadas estructuras de Estado.

Desde que Cataluña se acogiera al FLA ante el cierre de los mercados en 2012, el mecanismo de liquidez se ha convertido en el principal banco de la Generalitat. La bola ha ido creciendo año tras año, de modo que a finales de año la Administración catalana deberá, en total, 54.061 millones de euros al Estado, en caso de cumplir con el objetivo de déficit fijado, del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). El 22% de deuda restante corresponde a deuda a largo plazo con bancos, sobre todo extranjeros; fórmulas de financiación público-privadas y préstamos y líneas de crédito a corto plazo.

Estos últimos préstamos, que alcanzarán la cifra de 4.427 millones de euros, han sido objeto de negociación entre el vicepresidente Oriol Junqueras y el Gobierno central para que fueran asumidos por el FLA. Sin embargo, y pese a contar con un informe positivo del Tesoro y la presión de las entidades financieras, el Ejecutivo de Mariano Rajoy nunca ha dado luz verde a esa conversión.

Nuevos impuestos

El informe contempla también las medidas correctoras de ingresos y gastos que contempla la Generalitat para ajustarse al objetivo de déficit. Para este año, se prevén 110,8 millones de incremento de los ingresos a través de los impuestos y un ahorro de 87,5 millones de euros por el lado del gasto. La Generalitat también da cuenta de su plan de reestructuración del sector público. En total, el Ejecutivo catalán habrá rebajado el número de entes de 510 en julio de 2010 a 391 a finales de este año y 364 en 2021.

Por último, el programa contempla un conjunto de medidas y compromisos que la Generalitat acuerda adoptar. Entre ellas, Cataluña “se compromete al cumplimiento de la condicionalidad adicional” que prevé el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de noviembre de 2015. Esa decisión obedecía a la voluntad de atar corto al Ejecutivo catalán con un férreo control sobre el uso de los recursos del sistema de financiación tras la resolución del 9-N. “El objetivo es que no se gaste ni un euro en veleidades independentistas”, dijo entonces el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La Generalitat, asimismo, asume realizar multitud de trámites, a adherirse a medidas de política sanitaria y a incorporar las decisiones que adopte el Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de racionalización administrativa. También asume medidas estructurales en materia de comercio o colegios profesionales, entre otras.