El Síndic critica la acción del Gobierno en el ‘procés’

El Síndic de Greuges de Cataluña ha elaborado un informe en el que concluye que España sufre una involución democrática que afecta a la separación de poderes y a la acción del Tribunal Constitucional. El documento carga duramente contra el Gobierno español por coartar la libertad de expresión de cargos electos.

El síndic Rafael Ribó presentó ayer el informe en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Acompañado por algunos de los redactores, Ribó garantizó que el texto entra en sus competencias de defensa “de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución”. La aclaración era obligatoria, pues el texto trata conflictos ajenos a Cataluña, como la denuncia contra la compañía de titiriteros que representó en Madrid una polémica obra infantil. El estudio ve similitudes entre este caso y la acusación por terrorismo en 2004 contra Èric Bertran por reclamar el etiquetaje en catalán.

Ribó aseguró que cada vez se producen más “pronunciamientos internacionales que piden al Estado mantener la libertad de expresión”. Enumeró sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ignoradas por el Gobierno, pero también la resolución de 2017 de la Comisión de Venecia, que criticaba la reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional. Ribó denunció que el Gobierno ha omitido las once recomendaciones del Consejo de Europa a su sistema judicial.

El informe insiste en un “deterioro de la calidad democrática” en España y en “las regresiones en derechos y libertades en Cataluña”. Ribó fue muy crítico con los procesos penales contra cargos electos y mencionó la guerra sucia contra Artur Mas y Xavier Trias. El síndic alertó de que las Naciones Unidas están preocupada por el tema. Lo constata a partir de una queja que mandó a la diplomacia española un experto independiente del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

El catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, que ha participado en el informe, aseguró que el Tribunal Constitucional “está negando el derecho a debatir del Parlament”. Otro jurista, Joan Queralt, afirmó que el informe evidencia “un retroceso de la democracia en España” y añadió que su objetivo es “cómo combatir el poder”. En primera fila atendían los consejeros Neus Munté y Santi Vila, la diputada Irene Rigau y el mismo Trias.