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Incapacidad permanente para la joven que acampó en Barcelona contra un alta médica

Un juez obliga al INSS a reconocer la incapacidad laboral de la mujer, que arrastra las secuelas de un ictus

Pacientes en la sala de espera del CAP de La Mina
Pacientes en la sala de espera del CAP de La Mina

Casi dos años ha durado la cruzada de Naty López, de 35 años, para lograr que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconozca su incapacidad para desarrollar su trabajo habitual, de auxiliar administrativa. La joven atesora una historia clínica con un infarto de miocardio en 2011 y un ictus en 2014, una dolencia de la que todavía arrastra secuelas. En 2015, la joven pasó varias semanas acampada ante el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) después de que el organismo, encargado de evaluar las bajas médicas, le diese el alta al considerarla apta para trabajar. Ahora, un juez reconoce que Naty "debe ser declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual".

"¿Quién va a contratar a una persona que tiene que ir al médico al menos tres veces por semana?", cuestionaba allá por 2015 la joven desde su tienda de campaña. Según el médico forense citado en la sentencia, Naty arrastra, como consecuencia del ictus, una afasia de expresión (un trastorno del lenguaje) y cefaleas similares a la migraña. Además, padece un trastorno neuropsicológico y un trastorno ansioso-depresivo. "La demandante presenta dificultades de memoria, estado de ánimo ansioso-depresivo, afasia leve con bloqueo del lenguaje, alteración de la velocidad de procesamiento, alteraciones en la flexibilidad mental y en la fluencia verbal y dificultades en el cálculo", reza el documento. Todas estas secuelas han inclinado la balanza a favor de Naty. "No está en condiciones de desempeñar su profesión habitual", concluye el juez.

La historia de Naty fue el germen de la PAICAM, la plataforma de afectados que denunciaba las "altas injustificadas" del organismo catalán. Con su protesta, la joven se convirtió en un símbolo de la lucha contra las decisiones del ICAM, una faceta que el INSS aprovechó para justificar ante el juez que la joven podía trabajar. El juez, no obstante, rechazó ese argumento. "El hecho de que la demandante pueda estar liderando una plataforma de protesta contra el ICAM y que pueda mostrarse activa en las redes sociales, no tiene nada que ver con las facultades mentales necesarias para poder ejercer la profesión de auxiliar administrativa contable", apunta el juez.

Con todo, lo que no ha reconocido la sentencia es la petición de la joven de tener una incapacidad permanente absoluta —para desempeñar cualquier tipo de trabajo—. El juez señala que sus patologías no limitan completamente su capacidad física ni tampoco tiene limitaciones funcionales más allá de la afasia y la cefalea. Por tanto, el juez considera que no está capacitada para ejercer su trabajo habitual —por eso le concede la incapacidad permanente total—, pero rechaza extenderlo a todo el mercado laboral posible. El Colectiu Ronda, el despacho de abogados que ha llevado el caso, ha anunciado que recurrirá este punto para lograr su incapacidad permanente absoluta. 

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