El fiscal del caso Palau: “La bandera justifica casi cualquier atropello a la cartera”

El fiscal del caso Palau, en el que se juzga el expolio del Palau de la Música de Barcelona por parte de quien era su presidente, Fèlix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull, ha lamentado este lunes, en la lectura de su informe final, la laxitud y el "servilismo" institucional, fuera y dentro de la institución musical, ante el saqueo de la institución pública. Según el fiscal Emilio Sánchez Ulled, queda demostrado, no solo por la confesión de los acusados sino también por las pruebas, que Millet y Montull se quedaron con más de 23 millones de euros.

Sánchez Ulled ha apuntado también a la implicación de Convergència como beneficiaria, aunque sobre ello tiene previsto profundizar en la sesión de mañana, en la que terminará su informe. "En este caso hay un círculo sociopolítico muy determinado, en el que parece que una bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera", ha aseverado.

En una argumentación dura y llena de sus recurrentes pinceladas irónicas, Sánchez Ulled ha criticado con dureza "el patético papel" de instituciones, de entidades bancarias y de auditorías que, según el fiscal "no fueron capaces de ver nada, o no quisieron ver nada de lo que pasaba durante todos estos años. Sánchez Ulled ha calificado de "servilismo" el espíritu de los distintos interlocutores de Millet, que pretendían, según su exposición, "quedarse con las migajas" de quien era considerado como un "intocable". "Esa es la fotografía sociológica deplorable que tenemos", ha rematado.

Rebaja por la confesión

En su informe, el fiscal ha intentado convencer al tribunal de que Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma Montull cometieron los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental continuada. Después de rebajar la petición de pena por la confesión de los acusados, la fiscalía pide 14 años y nueve meses para el ex responsable del Palau, 10 años y 10 meses para Montull, y tres años para la hija de este. Durante el juicio, los tres acusados confesaron el saqueo de la institución musical y, más concretamente, reconocieron que el Palau era el canal por el que Convergència se financiaba irregularmente con pagos de comisiones ilegales por parte de empresas.

El fiscal ha detallado cómo Millet y Montull se apropiaron de fondos que pertenecían a la Funación Orfeó Català (de carácter privado) o al Consorcio del Palau de la Música (organismo público). Incentivos millonarios a los que no tenían derecho, viajes exóticos o facturas falsas en las que se presentaban como obras en el Palau lo que eran reformas en los domicilios particulares. El dinero también se destinó, por ejemplo, a la campaña electoral de Convergència i Unió a la alcaldía de l'Ametlla del Vallès, o a las bodas de las dos hijas de Millet.

El fiscal ha recordado que todavía hay más de nueve millones cuyo destinatario se desconoce, por lo que ha lamentado que la confesión de los acusados fuese "parcial". En su exposición, se ha explayado en el relato de cómo se movía el dinero: casi siempre en efectivo y mediante el cobro de cheques en los bancos. "El trasiego de conserjes en la oficina de Caixa Catalunya era tal, que podemos decir que había atascos en Vía Laietana para ir a recoger el dinero", ha ironizado.

Sánchez Ulled acusa también a Millet y a los Montull de un delito de falsedad documental continuada, por la recurrente falsificación de facturas y justificantes con las que pretendían ocultar los movimientos del dinero del Palau. Entre las estrategias de ocultación, ha destacado una en particular: Millet y Montull extendieron facturas falsas para justificar unos pagos ilícitos realizados en 2003. Los justificantes de esos pagos se escribieron a mano, en un cuaderno impreso por una empresa fundada en 2004.

Para insistir en el "contexto valorativo", Sánchez Ulled ha recordado al tribunal un hecho que denunció una testigo en 2010: ante la gran cantidad de dinero en efectivo, Millet, fumador empedernido, llegó a avisar a su estanco habitual para que preparasen cambio en la caja, porque a partir de un determinado momento empezaría a comprar el tabaco con billetes de 500 euros. “No aporta, no prueba nada, pero ilustra”, ha concluido, irónico, el fiscal.