El hombre que repartía las mordidas en Emarsa: “Me dijeron que teníamos cobertura del PP”

Jorge Ignacio Roca, el empresario y escurridizo ejecutor del gran fraude de la depuradora de Valencia, ha admitido este martes que durante seis años se dedicó a emitir facturación falsa a la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) y a pagar mordidas a sus dirigentes, por un importe que osciló entre los 200.000 y los 300.000 euros al mes. Una sangría que acabó llevando a la quiebra a la empresa, propiedad del Ayuntamiento de Valencia y los municipios de alrededor. Roca ha dicho que al principio le sorprendía la falta de reparos a los números que presentaba a la entidad. “Me dijeron que no me preocupara, que ahí estaban los del PP”, ha declarado, “y teníamos su cobertura”.

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Uno de los presuntos receptores de las mordidas pagadas por Roca, el exresponsable de la entidad de saneamiento de aguas de la Generalitat, José Juan Morenilla, también ha mencionado este martes en el juicio al PP que en aquella etapa, de 2006 a 2010, gobernaba casi todas las instituciones valencianas. “Yo no era militante del Partido Popular. Pero a todos los altos cargos que había en aquella época se nos obligaba a pagar la cuota del partido”, ha mantenido Morenilla.

El primero en declarar este martes en el juicio de Emarsa, en el que se investiga un desfalco de 23 millones de euros, ha sido Roca, que se ha definido a sí mismo como “comisionista, intermediario y empresario” y se enfrenta a ocho años de cárcel.

El acusado ha afirmado que un conocido que ya le había llevado a otros clientes y conocía sus “capacidades” –pronunciada esta palabra con una media sonrisa-, le preguntó: “¿Puedes hacer una sobrefacturación?’ Yo le dije sí. Para mí era una empresa que tenía que sobrefacturar. Me dijeron que tenía que facturar tantas toneladas de lodo a tantos euros. Mi función principal era hacer facturas y pagar” mordidas, ha declarado.

El sistema no era complejo. Emarsa pagaba una cantidad, que llegó a ser de 42 euros, por el tratamiento de cada tonelada de lodo, el subproducto que genera la depuración de aguas residuales. Pero el coste real del mismo era de tres euros por tonelada. El resto se lo repartían los miembros de la trama.

Roca se encargaba de interponer empresas de forma artificial para justificar el precio final que pagaba Emarsa. Los únicos medios que necesitaba para realizar un negocio enorme –la planta era la segunda mayor depuradora de España- consistían en “un ordenador y una impresora” con los que emitía las facturas falsas desde su despacho de Barcelona.

El propio Roca se llevaba su parte: “El IVA”, que elevaba al 16% cuando en realidad debería haber sido del 7%, ha admitido a preguntas de la fiscal.

Pese a reconocer buena parte de los hechos, Roca ha insistido en que no sabía que Emarsa era una sociedad pública. El acusado ha sostenido que para él solo una sociedad anónima y que donde él vivía, en Cataluña, nadie sabía que Emarsa era propiedad de una asamblea de Ayuntamientos. “Yo conozco los riesgos a los que me enfrento cuando hago facturas falsas a una empresa. Otra cosa es lo que implica que hacerlo con una sociedad pública”.

La malversación, el delito más grave que se atribuye a los acusados, solo es de aplicación en caso de que los fondos defraudados sean públicos.

Detenido en Moldavia

Roca es responsable en del retraso que ha acumulado el juicio. Después de casi un lustro en busca y captura, fue detenido en 2015 en Moldavia, donde vivía bajo una identidad falsa y desde donde fue extraditado a España. Su llegada provocó la reapertura de la instrucción del caso y que las vistas se hayan demorado hasta este año. También se debe al comisionista el pequeño retraso con el que cada mañana se retoma el juicio en la Audiencia de Valencia, ya que Roca tiene que ser traslado custodiado cada día a la sala desde la cárcel de Picassent, donde se halla en prisión provisional.

A diferencia de otros acusados, como el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, el exdirector financiero Enrique Arnal, el ex jefe de explotación de la red de depuradoras valencianas de la Generalitat Ignacio Bernácer y otros, Morenilla, para quien la fiscalía solicita 14 años de prisión, ha negado su participación en los delitos.

El exgerente ha culpado de los mismos al que fue su número dos, Bernácer. “Fue corrompido y me ha estado engañando durante 23 años”, ha mantenido. Varios testimonios lo señalan, en cambio, como uno de los cuatro ex altos cargos que se repartían cada mes las comisiones de Roca.