El independentismo busca fondos para pagar las multas por desobediencia

Francesc Homs debe pagar una multa de 30.000 euros como parte de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por organizar el 9-N, la misma que le obligó a abandonar su escaño en el Congreso tras inhabilitarlo para cargo público durante 13 meses. El exdiputado estaba decidido a afrontar la cuantía, pero finalmente no correrá a su cargo. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos entidades que lideran el proceso independentista, han tomado de nuevo la iniciativa y asumirán el coste de esa y otras multas.

Las dos entidades enviaron el pasado miércoles a sus asociados una carta anunciándoles la creación de la caja de solidaridad. El objetivo es el de recabar fondos para sufragar las multas vinculadas al proceso independentista como la de Homs. Cuando haya sentencia firme para Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau —sus recursos los decidirá el Tribunal Supremo—, previsiblemente el mismo fondo se encargaría de pagar las sanciones, aunque en el círculo próximo al expresidente catalán afirman que no se sabrá quién paga la multa hasta que haya sentencia firme. Las tres penas por desobediencia de Mas, Ortega y Rigau, más allá de las inhabilitaciones, suman 90.500 euros (36.500, 30.000 y 24.000 euros, respectivamente).

De la misma forma, la caja de resistencia creada por las dos entidades prevé cubrir otras condenas que vayan surgiendo, como la del periodista Joan Guirado, multado por fotografiar a policías que requisaban esteladas antes del encuentro entre el Almería y el Girona, o las multas previsibles a los alcaldes catalanes que se han negado a izar la bandera española en los Ayuntamientos que gobiernan.

“Ahora comenzarán a caer multas a cargos públicos y particulares, pero no nos hemos impuesto un objetivo de recaudación”, señala un portavoz de la ANC. En una semana ya se han recaudado cien mil euros y se han pagado los 30.000 de la multa de Homs. En los próximos días se abonarán los 4.000 euros de Guirado, explicaron fuentes de la entidad independentista.

La campaña, denominada Solidaridad contra las agresiones del Estado, se lanzó el pasado día 8, cuando la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaraba por segunda vez en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber permitido en octubre la votación de dos resoluciones sobre el referéndum, desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional.

Las sanciones están previstas en la reforma que hizo el Gobierno de la ley orgánica que regula dicho tribunal, por lo que Forcadell tiene muchos números para ser de las primeras afectadas por esa modificación legal. A ella le podrían seguir los miembros de Junts pel Sí (Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet) y de Catalunya Sí que Es Pot (Joan Josep Nuet) en la Mesa de la Cámara catalana.

El último referente que se tiene de una caja de solidaridad es el fondo que se habilitó para proteger a los maestros de Baleares que decidieron ir a la huelga para protestar contra la norma aprobada por su Gobierno autónomo (PP) para impulsar el trilingüismo en las islas. Las cajas de resistencia fueron al inicio de la democracia un recurso de los sindicatos para proteger a trabajadores afectados por conflictos laborales. Ahora su uso es excepcional: se empleó, por ejemplo, en apoyo a los trabajadores de Panrico en 2014, cuando protagonizaron una de las mayores huelgas de los últimos años.

Diferencias con el PDeCAT

La caja de resistencia, cuya “necesaria” creación había sido recurrente en las conversaciones del bloque independentista, se habilitó tras “afinar los temas jurídicos”, explican las mismas fuentes de la ANC. El punto de inflexión para decidir su creación fue la movilización del pasado 6 de febrero en apoyo a Mas, Ortega y Rigau. Pero pese a ello, el pasado 2 de mayo, y tras ver que el tema no avanzaba, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), decidió crear su propio fondo de solidaridad, con llamadas en su web y una cuenta corriente propia. Fuentes del partido señalan que una vez creado el fondo de solidaridad conjunto han decidido cerrar su campaña y derivar el anuncio de su web a la campaña impulsada por Òmnium y la ANC.

Pero existen dudas sobre la similitud de la campaña de los neoconvergentes y la que ahora auspician las dos plataformas ciudadanas, pues la formación política buscaba fondos para pagar las multas y las costas judiciales del proceso. Y ese supuesto no se tiene en cuenta en las previsiones de la campaña conjunta, que solo prevé fondos para las sanciones.

Desde la ANC señalan que el consejo de sabios creado por las dos organizaciones “acabará decidiendo” quién se beneficia y si habrá excepciones, pero de momento estas van dirigidas a personas —nunca entidades— por sanciones, no por costas judiciales. “En algún caso particular se puede decidir, pero no se llegaría a pagar la defensa de un cargo político, sino la de alguien que no tenga recursos”, afirman desde la entidad.

La caja de solidaridad se presenta como una nueva prueba para las organizaciones independentistas. La ANC y Òmnium son las responsables de la organización de las masivas manifestaciones en Cataluña con motivo de la celebración de la Diada desde 2012. La primera nació aquel año y suma 33.000 socios y la segunda, fundada para impulsar el uso del catalán, ha disparado su número de asociados por encima de las 65.000 personas desde que se inició el proceso. Es una de las mayores entidades de Cataluña por número de socios que pagan cuota, tras el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) y el Barça.

Y tienen gran capacidad para recaudar fondos. Entre julio y noviembre de 2014, ingresaron a través de una campaña específica 3,5 millones de euros para financiar la campaña Ara és l'hora, con la que llamaba a participar en el 9-N. Y la ANC, según su último balance, cerrado en abril, disponía en caja (entre todas las entidades que la integran) de más de 2,5 millones, pese a reconocer que no se ingresa tanto como en el pasado. Esos recursos irán destinados a la campaña del sí en el referéndum prometido para septiembre.