El presidente de la Cámara de Cuentas dice que se pagó lo justo por Inassa

Era la quinta vez que Arturo Canalda comparecía ante los parlamentarios de la Asamblea de Madrid, pero en esta ocasión se vio obligado a aclarar el papel que jugó en la compra de Inassa en 2001. Esta empresa fue la primera adquisición del Canal en Latinoamérica, tras la creación allí de Canal Extensia, y la matriz de su expansión por ese continente. Canalda dirigió el ente público de suministro de aguas de 2001 a 2003. “Es radicalmente falso que el Canal comprara una empresa por 10 veces más del valor que tenía cuando se presentó la oferta”, respondió a los parlamentarios, visiblemente molesto.

El presidente de la Cámara de Cuentas se desvinculó de la decisión y aseguró que cuando él ocupó el cargo directivo en la empresa los técnicos llevaban ocho meses trabajando en la operación. No obstante, reconoció que si la Cámara de Cuentas hubiera fiscalizado más, se habrían podido detectar más irregularidades.

El auto del juez Eloy Velasco sobre el caso Lezo indica que la inversión realizada por el Canal de Isabel II para adquirir Inassa rondó los 100 millones, cuando el valor de esta era de solo 30 millones. Además, Ignacio González definió como “pelotazo” la compra de Inassa en una conversación interceptada por el juez.

Canalda dijo a los diputados ayer que la compra de Inassa fue completamente diferente a la de la brasileña Emissão, en el epicentro de la Operación Lezo también por presuntos sobrecostes. En primer lugar, porque se trataba de un concurso público al que se presentó el Canal, junto a otras sociedades, invitado por el Banco Mundial. Canalda concretó que existían tres valoraciones. Una del propio ente público, que oscilaba entre 87 y 101 millones de dólares; otra de un despacho de abogados, que apuntaba a 94,3 millones de dólares, y otra de la Banca Rothschild, de 97.

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El presidente de la Cámara de Cuentas dijo desconocer quién ha dicho que esa empresa valía 10 veces menos. “Parece que es un informe que se elaboró años después por gestores del Canal”, señaló. Canalda negó también que se produjera ningún desvío de dinero a un paraíso fiscal. La compra se realizó “de forma íntegra” en Panamá, porque la empresa estaba ubicada allí. Al mismo tiempo, recalcó que la adquisición contó con la autorización del Canal de Isabel II, del Consejo de Gobierno y de la Asamblea de Madrid. “Porque la decisión de la compra no es nunca del gerente, sino del consejo de administración”, añadió. Y, en todo caso, espetó a los diputados: “Yo no estoy imputado ni investigado”.