Mato y Mayer denunciaron al Open a título individual y sin avisar a Madrid Destino

Los dos concejales de Ahora Madrid que denunciaron al Open de Tenis por prevaricación, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, lo hicieron a título individual y utilizando dinero público para obtener los informes acusatorios. No avisaron al consejo de administración de Madrid Destino y tampoco a la alcaldesa, Manuela Carmena, según se desprende de las actas de una reunión de la entidad a las que ha accedido EL PAÍS. El PP exige el cese de los dos ediles en las áreas de Economía y Políticas de Género. El PSOE pedirá explicaciones en el pleno.

El pasado 4 de abril, en una reunión de la comisión ejecutiva de Madrid Destino, Sánchez Mato (IU) reveló a los presentes —Luis Cueto, coordinador de Alcaldía; la vocal Ana Fernández y el secretario, Joaquín Fernández— que "con base en informes jurídicos solicitados por Madrid Destino se ha procedido a poner en conocimiento de la fiscalía el contenido del convenio suscrito con MTP [Madrid Trophy Promotion]".

La sospecha del edil, apoyada en un informe externo por el que Madrid Destino pagó 100.000 euros, es que en la financiación del evento el Ayuntamiento abonaba más de lo acordado. La acusación, presentada a la Fiscalía Anticorrupción, se dirige contra los suscriptores del convenio, firmado durante la época del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y válido hasta 2021. Según la denuncia, el acuerdo podría incurrir en prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la reunión de abril, el coordinador de Alcaldía solicitó información a Sánchez Mato. Aseguró "desconocer" que se habían encargado informes y que "ha pagado Madrid Destino". Y subrayó: "Esas actuaciones no han sido adoptadas por ningún órgano de gobierno colegiado de la sociedad, sino por personas físicas, miembros de los mismos". El edil no desmintió nada y puso su firma al pie del documento.

El encuentro se celebró tres días antes de que Sánchez Mato fuera destituido por la alcaldesa de la vicepresidencia de Madrid Destino. Su cese se produjo oficialmente por la "reorganización" del área de Cultura impulsada por Carmena, que también provocó al relevo de Celia Mayer de Cultura. Con ellos caía Ana Varela, exconsejera delegada de la empresa, también suscriptora de la denuncia. Pese a que la acción legal se presentó el 23 de marzo, la denuncia no se hizo pública hasta el 4 de mayo, el día antes del comienzo del torneo.

Una filtración anunció que el Ayuntamiento había denunciado el convenio del Open. A las pocas horas, la portavoz del gobierno local, Rita Maestre, sostuvo que en esta como en otras denuncias (citó la de Mercamadrid) el Ayuntamiento "recoge un conjunto de informaciones y las pone en conocimiento de la Fiscalía". Maestre asumió así la denuncia como una acción respaldada por el gobierno de Ahora Madrid, pese a que "se llevó en nombre de las personas que ejercían los puestos directivos en la empresa pública Madrid Destino". Obvió que su consejo de administración ni la alcaldesa habían sido informados.

La denuncia de la EMVS

El equipo de Sánchez Mato admite que la denuncia se presentó a título individual, pero señala que también la acusación de Marta Higuera —otra concejal de Ahora Madrid— contra la venta de pisos protegidos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) se presentó así. "No hay más vuelta que darle", afirma. Sin embargo, Higueras sí informó al consejo de administración de la entidad.

Sánchez Mato, Mayer y Varela encargaron la auditoría externa pese a que los letrados del Ayuntamiento habían descartado en los meses anteriores —ya durante el gobierno de Carmena— que el convenio del Open fuera delictivo. En la memoria justificativa de la operación —un documento interno de Madrid Destino— se mencionan estos criterios utilizados para elegir al bufete: "confidencialidad" y "rapidez".

Este asunto, que todavía no está zanjado, podría afectar a las relaciones internas en el gobierno local y aumentar la presión de los grupos de la oposición. El PP, tras conocer el procedimiento seguido por Sánchez Mato y Mayer, sospecha que los informes se encargaron tras fraccionar el gasto para eludir el concurso público. El grupo se querellará contra los ediles y contra Varela por prevaricación.

Los socialistas han anunciado que exigirán respuestas en el pleno y Ciudadanos ha pedido que la asesoría jurídica municipal investigue. Carmena descarta, de momento, tomar medidas contra los ediles.