Tres informes jurídicos municipales descartaron ilegalidades en el Open de Tenis

Los letrados del Ayuntamiento de Madrid elaboraron entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017 tres informes sobre el convenio del Open de Tenis para indagar posibles irregularidades en la financiación del certamen deportivo, y en los tres concluyeron que no las había. Sin embargo, dos concejales críticos con Manuela Carmena (Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer) encargaron entonces dos auditorías externas para hallarlas. El resultado de uno de estos informes privados, redactado en menos de un mes, les sirvió de base para presentar el 23 de marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Los asesores jurídicos del Ayuntamiento —abogados y jueces expertos en derecho civil y penal— analizaron entre 2016 y 2017 el convenio firmado en 2001 por el entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP) con Madrid Trophy Promotion para organizar el Open de Tenis. El objetivo era detectar eventuales irregularidades que pudieran sostener una denuncia penal. Pero no las hallaron, y en sus informes afirmaron que no habían encontrado ningún aspecto delictivo.

Así lo establece, por ejemplo, el informe del Ayuntamiento del 19 de enero de 2017, que reza: “Como se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones [es decir, en un informe municipal anterior, de marzo de 2016], consideramos que derechos de sede y patrocinio son cuestiones jurídicamente distintas y separables, por lo que el hecho de que se instrumenten de forma separada no infringiría ninguna norma”.

Este análisis choca con el resultado de la auditoría que los ediles de Ahora Madrid Sánchez Mato y Mayer encargaron en febrero de 2017 a un bufete de abogados, sin comunicárselo a la alcaldesa. El informe de este despacho señala un posible delito de malversación tras un doble pago para un mismo concepto. Según el bufete Alemany, Escalona y Fuentes, la empresa municipal Madrid Destino pagó a los organizadores del evento el 50% del “derecho de sede” (el llamado prize money, equivalente al pago en premios a los tenistas del ATP, que este año es de cinco millones de dólares) como si fuera un gasto más del patrocinio del evento, pero encubierto. Este pago, que inicialmente era de 1,5 millones, creció con los años, señala el documento.

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El informe sirvió para que el 23 de marzo Mato y Mayer denunciaran ante la Fiscalía Anticorrupción el convenio del Open de Tenis, también sin que la alcaldesa lo supiera. Consideraron que el incremento del gasto era sospechoso y delictivo. Y que no existían datos del retorno económico. Los organizadores del torneo, sin embargo, cifran en 90 millones dicha devolución a la ciudad. La memoria justificativa del pago del informe, redactada por Madrid Destino, señala, por el contrario, que el Ayuntamiento “asumió un gasto de la organización sin ninguna contraprestación que lo justifique”.

Después de recibir el resultado de la auditoría externa, y pese a que tres estudios municipales habían dicho lo contrario, Mato y Mayer, junto a Ana Varela, exconsejera delegada de Madrid Destino, decidieron recurrir a la Fiscalía para denunciar los supuestos ilícitos. Lo hicieron sin informar al consejo de administración de Madrid Destino ni al equipo de gobierno. Ignoraron también a los servicios jurídicos de Madrid Destino, que fueron tachados de “no especializados” y poco objetivos.

Filtración poco antes del torneo

La denuncia se registró el 23 de marzo y se mantuvo en secreto hasta el pasado jueves, cuando fue filtrada a dos medios nacionales. La filtración se hizo la víspera del comienzo del torneo y se difundió como si el Ayuntamiento fuera el autor de la denuncia, y no dos ediles de Ahora Madrid.

El embrollo jurídico y político muestra el conflicto interno en el ejecutivo municipal. La cronología lo demuestra. El primer informe ad hoc se pidió en noviembre de 2016, cuando los abogados del Ayuntamiento ya habían presentado su primer documento sin detectar ilícitos penales relevantes. En este momento ya había rumores que indicaban que Carmena quería apartar a Mayer del área de Cultura.

La segunda petición de auditoría externa se hizo en febrero de 2017, cuando los letrados municipales ya habían elaborado dos documentos sin detectar ilegalidades y cuando todo el mundo sabía que la alcaldesa iba a destituir a Mayer, Mato y Varela en Madrid Destino. El cese de los tres se produjo entre finales de marzo y principios de abril.

Fuentes cercanas a Mato, edil de Izquierda Unida que actualmente desempeña el cargo de concejal de Economía y Hacienda, defienden que “se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por si fueran constitutivos de delito y se aguardó la toma en consideración de esos hechos”. ¿Por qué no se informó al ejecutivo municipal de que había sido interpuesta una denuncia? Según estas fuentes, “se valoró conveniente aplicar el principio de prudencia”.

Tras las filtraciones, Rita Maestre, portavoz del gobierno local, evitó reconocer que la denuncia era unilateral y no del ejecutivo. Sin embargo, la misma alcaldesa, Manuela Carmena, admitió que ignoraba que se hubiera presentado y añadió que le “hubiera gustado” saberlo con antelación.