“La rabia no se acaba hasta que no matemos al perro”

La paralización del almacén de gas Castor anunciada por el Gobierno este miércoles, tras recibir un informe que habla de graves riesgos de terremotos en el litoral, ha sido recibida como una victoria incompleta para las Tierras del Ebro y la provincia de Castellón. Alcaldes, vecinos y movimientos ciudadanos de oposición al proyecto razonan que no cabía esperar otra solución distinta del abandono de la obra y avisan de que la amenaza seguirá latente hasta que no se desmantele el armatoste marino y toda su infraestructura subterránea.

Los Pepet i Marieta son un popular conjunto musical que triunfa en las fiestas y verbenas de los pueblos que rodean al río Sénia. Una de sus canciones clama sin matices contra el proyecto Castor. "El suelo tiembla, sacude la casa y el niño llora", reza la letra. Joan Ferrando es miembro de la plataforma Afectados por la plataforma Castor (Aplaca) y certifica que lo que relata la canción no es una licencia artística sino que los temblores derivados del almacén de gas submarino alteraron la vida de los vecinos de la zona. "La angustia que pasamos fue real, los niños incluso recibieron lecciones prácticas en la escuela sobre cómo deberían esconderse en caso de terremoto", indica. En este sentido, apunta que la asociación celebra la paralización del proyecto pero lo considera solo es un primer paso y avanza que activarán la reclamación de indemnizaciones.

El medio millar de episodios de temblores que registró la zona en septiembre de 2013 no produjo daños físicos , pero Aplaca abunda en el riesgo potencial que entrañaba la inyección de gas: "El informe deja claro que pudieron causar un desastre en la costa, y estamos a solo unos cuantos kilómetros de la central nuclear de Vandellós". Muy quejoso por el trato recibido de parte de la empresa que explotaba el almacén submarino, Escal UGS, "nos acusaban de alarmistas", lamenta Ferrando, acusa directamente al presidente de la compañía, Recaredo del Potro: "Tuvo el atrevimiento de asegurar que el Castor tiene el mismo peligro que un camión circulando por la autopista". El colectivo Aplaca confía en que el informe del Massachussetts Institute of Technology (MIT) impulse a la Fiscalía, en el marco de las diligencias que instruye el juzgado de Vinaròs (Castellón) a perseguir el proyecto Castor como un delito contra el medioambiente.

Evelio Monfort es portavoz de la Plataforma Terres del Sénia. Es empleado de banca jubilado , pero desgrana detalles y pormenores del Castor como si acumulara décadas de experiencia como ingeniero. "Para algunos este es un asunto relativamente nuevo pero hace más de diez años que desde la plataforma estamos encima del proyecto", explica. Monfort es tajante: "la hibernación no es una solución, lo que hay que hacer es sellar las tuberías", sentencia. El ministerio de Energía parece querer dejar una puerta abierta para rescatar el gas colchón que hay en las tripas del yacimiento que abriga el Castor pero, para los críticos con el proyecto, cualquier maniobra que se realice en el subsuelo podría desencadenar más temblores. La planta marina cuenta con 15 tuberías, de aproximadamente medio metro de diámetro, que penetran hasta unos 1.700 metros de profundidad. Monfort avisa de que hasta que estas tuberías no estén selladas, la plataforma Castor seguirá siendo un peligro potencial. Solo con el sellado de las instalaciones se dará definitivamente carpetazo al proyecto. "La rabia no se acaba hasta que no matemos al perro", sintetiza el portavoz de la plataforma Terres del Sénia. A su vez, se muestra muy desconfiado con posibles rebrotes que pueda tener el proyecto. "Han pasado ministros de distintos colores y las decisiones que han tomado han respetado siempre un mismo patrón: no perjudicar a la empresa".

El desmontaje de toda la infraestructura, marina y terrestre, del almacén de gas puede suponer una factura cercana a los 300 millones de euros. "Tarde o temprano se va a tener que hacer", apunta Monfort. Los alcaldes de Vinaròs, Enric Pla, y Benicarló, Xaro Miralles, han mostrado su apoyo a la decisión del Ministerio de Energía de no reabrir el almacén de gas. Pla ha defendido la "tranquilidad y seguridad" de los vecinos "por encima de todo", mientras que Miralles ha pedido que sigan las investigaciones y que se desmantele definitivamente la plataforma.

Greenpeace ha calculado que el abortado proyecto de almacén de gas supondrá un coste para la sociedad española de casi 4.400 millones de euros. La CUP de Alcanar ha criticado que con la factura del Castor se podrían construir 522 escuelas o 78 hospitales.