600 juristas sostienen que el referéndum tiene cabida en el marco constitucional

Un grupo de juristas catalanes, entre ellos siete catedráticos de derecho, sostiene en un manifiesto presentado hoy que la convocatoria de un referéndum de autodeterminación tiene cabida en el marco constitucional español, y avisan de que la negativa del Estado "legitimaría abrir otras vías". El manifiesto, que ya ha sido suscrito por unos 600 juristas, ha sido impulsado por una treintena de ellos, entre los cuales figuran los catedráticos de derecho en diversas universidades Mercè Barceló, Josep Maria Vilajosana, Joaquim Ferret, Enric Argullol, Enoch Albertí, Joan Queralt y Joan Vintró. También figuran entre los promotores numerosos profesores de derecho, decanos o exdecanos de colegios de abogados, procuradores, notarios y, sobre todo, abogados pertenecientes al Colectivo Praga de juristas soberanistas.

Entre los abogados promotores destacan Josep Cruanyes, Abel Pié, Miquel Sàmper, Gemma Calvet, Pilar Rebaque, Sergi Blázquez, Marc Marsal, Mireia Casals, Eva Labarta, Josep Maria Badia, Mercè Corretja, Josep Masó, Josep Pagès y Jordi Palou. En el texto del manifiesto, los firmantes expresan su "pleno apoyo a la celebración de un referéndum sobre el futuro de Cataluña como comunidad política".

"Entendemos, y no sólo nosotros, -subrayan- que este referéndum tiene cabida en el marco constitucional español ya que, al constituir un Estado de derecho y democrático, ofrece los instrumentos suficientes para dar salida a este conflicto". Los juristas advierten, no obstante, de que "una negativa continuada del Estado legitimaría abrir otras vías para que la ciudadanía de Cataluña exprese cómo quiere decidir su futuro".

El objetivo de estos juristas es, sin embargo, la celebración de un referéndum que "no sólo es legítimo porque es reclamado por una inmensa mayoría de la ciudadanía catalana, sino que también es legal, porque el derecho a decidir de los ciudadanos arranca de la Constitución española y de una ponderación de sus principios estructurales". Estos principios, precisan, son "el Estado de derecho y democrático, junto con el de unidad y soberanía del pueblo español" motivo por el cual la celebración del referendo "también es jurídicamente exigible al Estado".

El manifiesto concluye que "en definitiva, el derecho nunca puede ser un mecanismo" de obstrucción para las sociedades, sino que, "al contrario, tiene que ser el instrumento capaz de recoger las inquietudes, evoluciones y transformaciones de toda la comunidad, dando respuestas que faciliten el progreso y la buena convivencia". La catedrática de derecho constitucional de la UAB, Mercè Barceló, ha afirmado en el acto que, en una democracia las propuestas políticas se tienen que poder expresar y "el principio democrático" implica respetar el derecho de participación política.

Ha destacado, en este sentido, que "en el marco constitucional vigente cabe la posibilidad de que la ciudadanía pueda discrepar del orden constitucional establecido y también de la integridad territorial", ya que "se trata de un problema político, y el derecho vigente ofrece los instrumentos necesarios para poder resolverlo".

Jaume Asens, abogado y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona por Barcelona en Comú (BeC), ha considerado que si el Estado español no desea acordar el referéndum, son legítimas otras vías para realizado igualmente, y entre ellas, la "unilateral". La abogada y exdiputada de ERC Gemma Calvet ha apuntado que "es legal todo lo que no está prohibido, y a esto se le denomina 'derecho positivo'". El acto ha tenido lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Barcelona bajo el lema de "Sin derecho no hay democracia", ha contado con la presencia del consejero de Justicia, Carles Mundó, y ha sido presentado por el director del digital El Nacional, José Antich.