Pons defiende su gestión en Ciegsa y Broseta dice que no vio nada raro
El exconsejero de Educación defiende que Ciegsa hacía falta porque faltaban muchas infraestructuras
El exconsejero de Educación Esteban González Pons ha defendido hoy su gestión al frente de la empresa pública Ciegsa así como la "honestidad" de sus trabajadores, mientras que el abogado Manuel Broseta ha dicho no haber visto "nada raro" ni "ninguna irregularidad" en esta empresa.
Ambos han comparecido en la comisión de investigación de las Cortes sobre las actividades de Ciegsa, a la que no ha asistido el presidente de Cleop, Carlos Turró, y el exconsejero de esta empresa Alejandro Serra Nogués se ha negado a declarar por tratase de un proceso que ya juzgan los tribunales y del que forma parte.
González Pons ha asegurado que durante su etapa al frente de la Consejería de Educación -de junio de 2003 a agosto de 2004- procuró que en Ciegsa "hubiera un equilibrio entre las distintas almas" del PPCV, en alusión al enfrentamiento entre los partidarios del presidente saliente, Eduardo Zaplana, y el entrante, Francisco Camps.
El actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha destacado que lo primero que hizo al llegar al cargo fue renunciar a la ampliación del IVAM para poder eliminar barracones, y ha dicho que en estos momentos "no pondría en marcha una nueva RTVV hasta que todos los niños tuvieran una aula digna".
Ha explicado que mientras fue consejero, el entonces gerente de Ciegsa, Javier García Lliberós, mantuvo sus poderes, y ha dicho que contrató como asesor a Juan José Andrés porque se "fiaba" de él, y le dio poderes similares a los de García Lliberós para que "ninguno tomara decisiones sin el consentimiento del otro". El nuevo cargo creado por Pons no estaba recogido ni en el organigrama ni en los estatutos de Ciegsa.
González Pons ha destacado las medidas introducidas durante su mandato para controlar los sobrecostes, como eliminar la licitación por lotes o con el proyecto base, y ha defendido que los empleados de Ciegsa "se comportaron con honestidad y arreglo a la ley" y todos eran necesarios.
Ha defendido la necesidad de Ciegsa, pues cuando el PP llegó a la Generalitat, ha dicho, "faltaban muchas infraestructuras" ya que la aplicación de la Logse "obligaba a desdoblar centros de Primaria y Bachillerato" y además "se produjo un crecimiento extraordinario de la inmigración".
El abogado valenciano Manuel Broseta, por su parte, ha asegurado que durante el tiempo en que su bufete trabajó para esta empresa pública no vio "nada raro" ni nadie le pidió que hiciera nada raro ni "ninguna irregularidad" y ha asegurado que el ambiente que había en la sociedad era "de cumplimiento de la legalidad".
Broseta, quien fue secretario de Ciegsa desde septiembre de 2003 hasta noviembre de 2013, ha asegurado que la Generalitat nunca ha sido "ni el mejor ni el principal cliente" de este despacho de abogados, y ha lamentado que sospecha que hay sobre este bufete.
Ha afirmado que nunca recibió instrucciones de nadie para "torcer la ley para defender a nadie ni para liberar a ningún responsable de ninguna responsabilidad", y ha considerado que sería "muy burdo" que las supuestas irregularidades se hubieran "conocido en el consejo de administración".
Ha señalado que los sobrecostes "no son algo ilegal" y ha justificado que su despacho pudiera haber trabajado para empresas contratistas de Ciegsa pues lo permite la normativa de abogados, pero lo que nunca hicieron, ha afirmado, es asesorar "a una empresa privada para presentarse a un concurso de Ciegsa".
Broseta ha explicado que la vigilancia hecha en Ciegsa le pareció entonces "suficiente" y ha asegurado estar "tranquilo", pues nunca vio ni tuvo la sensación de que hubiera "nada raro ni ninguna irregularidad".
Tras este abogado ha comparecido en la comisión el exconsejero de Cleop Alejandro Serra Nogués, quien se ha limitado a decir que, aconsejado por su abogado, ha tomado la decisión de "no hacer declaraciones en este foro", dado que el proceso "está judicializado" y él es parte del proceso.
En la sesión de hoy estaba también citado el presidente de Cleop, Carlos Turró, quien ha remitido un escrito a la Cámara autonómica en el que alega motivos médicos para no acudir.
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