Los escándalos cercan al Canal de Isabel II
La mayor empresa pública madrileña se enfrenta a sus peores momentos debido a las polémicas inversiones en Latinoamérica
La marca Canal Isabel II, seña de identidad de la Comunidad de Madrid y su mayor empresa pública, está cercada por los escándalos. El ente, participado en un 82,4% por la Comunidad de Madrid y en un 17,6% por 111 de los 179 municipios de la región, se limitaba a gestionar el suministro de agua, hasta que desembarcó en Latinoamérica en el año 2001.
Allí creó una tupida y compleja red formada por una veintena de filiales distribuidas por Colombia, Ecuador, República Dominicana y Brasil. Algunas no tenían nada que ver con la gestión del agua o eran sociedades pantalla, sin actividad alguna, que se usaban para adquirir otras empresas.
El conglomerado presta servicio en la actualidad a 9,73 millones de habitantes (6,63 en España y 3,10 en Latinoamérica) y da trabajo a más de 6.200 personas (3.000 en América), además de generar 2.400 empleos indirectos, según datos de la empresa.
Ignacio González presidió el Canal desde 2003 hasta 2012. En esa fecha tuvo que dejar el puesto para asumir la presidencia de la región después de que Esperanza Aguirre dimitiera, acosada por los casos de corrupción.
Uno de los principales frentes que tiene abierto el ente público en Latinoamérica se centra en la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013. La oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentó el pasado 6 de marzo un informe a la Fiscalía contra la Corrupción en el que se indicaba que el Canal abonó por Emissao 21,5 millones en 2013; al mes siguiente la empresa valía la mitad de ese importe (10,2 millones); al año, una cuarta parte (5,1 millones) y ahora está en pérdidas.
Una bajada de valor vertiginosa que levantó sospechas. La documentación es el resultado de la comisión de investigación sobre corrupción política que se puso en marcha esta legislatura. La oposición cifra el quebranto económico por esta adquisición en 35 millones de euros. La operación se realizó a través de una sociedad instrumental, la uruguaya Soluciones Andinas de Agua, que carece de actividad, y los pagos procedieron de cuentas en Suiza.
Previamente, en julio de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), que intenta distanciarse de las operaciones que realizó el Canal durante épocas anteriores, aunque partieran de gobiernos de su propio partido, presentó ante la Fiscalía General del Estado un escrito relativo a las anomalías que habían detectado en el proceso de compra de Emissao.
Las graves revelaciones sobre esta adquisición desencadenaron una serie de destituciones. Cayeron entonces dos de los responsables de la empresa pública que habían participado en aquella operación: la directora financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, y el responsable de Recursos, Fernando Cevallos. También salió Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, la principal filial del Canal en Latinoamérica, después de que apareciera vinculado en los papeles de Panamá a tres empresas.
No es el único caso sospechoso en torno a las filiales latinoamericanas del Canal de Isabel II. Ángel Rondón, “socio estratégico” del Canal en la República Dominicana —como le llamó en la Asamblea de Madrid el portavoz del Gobierno Ángel Garrido—, está siendo investigado por corrupción por la Fiscalía General del país caribeño. La constructora brasileña Odebrecht le entregó a lo largo de varios años 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) que presuntamente se convirtieron en sobornos a funcionarios dominicanos para conseguir contratos de obras públicas.
En este escenario, los directivos del Canal se encuentran en un “proceso de reflexión” sobre cuál debe ser el papel internacional de una empresa referente como es el Canal de Isabel II. O, incluso, “si lo tiene que tener”. El proceso de reestructuración en Latinoamérica se inició el año pasado con el cierre de 12 filiales.
Sobre la firma
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.
