La detención de Ignacio González por corrupción tritura al PP de Aguirre
La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y registrado domicilios particulares y sedes de empresas ligados a los principales implicados
La Guardia Civil ha detenido este miércoles en su domicilio a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio propio. En la Operación Lezo también fueron arrestadas otras 11 personas, entre ellas su hermano Pablo González, así como su antiguo hombre de confianza en la empresa de aguas, Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón. El número de imputados supera la veintena, entre ellos el presidente del diario, Mauricio Casals, y el director, Francisco Marhuenda. La detención da un golpe definitivo a la era de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, formación acorralada por múltiples casos de corrupción.
Nuevo golpe a la corrupción en el PP de Madrid a cargo de la Guardia Civil y del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) desarrollaron a lo largo de todo este miércoles la Operación Lezo para desmantelar una trama de corrupción cuyo epicentro es la empresa pública Canal de Isabel II. Entre los detenidos, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, al que se le considera el presunto cabecilla de una trama que durante años desvió fondos públicos para su enriquecimiento personal.
Junto a él, han sido arrestadas otras 11 personas. También se realizaron una treintena de registros en las viviendas y despachos profesionales de los implicados, así como en las sedes de la compañía de aguas y varias empresas privadas. El número de imputados supera la veintena, según fuentes cercanas a la investigación. La Guardia Civil también hizo requerimientos de información a varias mercantiles para que entregaran documentación relacionada con operaciones bajo sospecha.
Entre los detenidos figuran personas del entorno familiar y profesional de Ignacio González. Uno de ellos es su hermano Pablo González, al que se le vincula con las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid que se levantó en unos terrenos del Canal de Isabel II cuando el político, entonces vicepresidente en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, presidía la compañía pública.
Hermano y cuñado
Por esta operación también ha sido detenido un cuñado de ambos, José Juan Caballero, casado con la actual portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González. El hermano y el cuñado del político aparecen vinculados a la sociedad Tecnoconcret, que participó en la unión de empresas que se hizo con aquel contrato.
El hecho de que Pablo González fuese en la actualidad directivo de otra empresa pública bajo sospecha, Mercasa-Incatema, también investigada por la UCO, obligó a coordinar el operativo con el magistrado José de la Mata, quien investiga a esta compañía en una pieza separada del caso Defex sobre el supuesto desvío de decenas de millones de euros en una venta de armamento a Angola. En esta pieza separada se investiga un contrato de más de 500 millones de dólares (466 millones de euros) para levantar un mercado mayorista de alimentos en Luanda, capital de este país africano y en el que supuestamente se registraron sobreprecios, pagos de comisiones y desvío de fondos. Por ello, este miércoles fueron imputados una decena de personas.
Otro de los detenidos señalado como clave en la trama de corrupción por los investigadores es Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón. Rodríguez Sobrino era considerado el hombre de Ignacio González en Latinoamérica al presidir Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la empresa que desde Colombia se encargaba de gestionar al resto de las compañías del Canal en el continente americano. La cercanía entre Rodríguez Sobrino e Ignacio González se evidenció en el viaje que ambos hicieron a este país sudamericano en 2008 y en el que se produjo el polémico espionaje al hoy expresidente madrileño. En aquellas grabaciones se veía a ambos con unas bolsas sospechosas que, según aseguraron más tarde, solo contenían unas toallas.
Con Rodríguez Sobrino al frente de Inassa, esta adquirió en 2013 la mercantil brasileña Emissao Engenharia e Construcao, para lo cual se valió de una compañía instrumental radicada en Uruguay. Es una de las operaciones investigadas ahora por el juez Velasco dentro de la Operación Lezo, ya que el Canal de Isabel II pagó por dicha compañía más de 21 millones de euros y un mes después su valor era la mitad. Pese a ello, siguió en su puesto, hasta que su nombre apareció vinculado a varias sociedades offshore de Hong Kong creadas en Panamá. Entonces fue destituido por Cristina Cifuentes, actual presidente de la Comunidad de Madrid. Junto a él, ahora ha sido detenida su secretaria.
Entre los arrestados también está María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, quien fue cesada en su puesto al salir a la luz pública los detalles de la compra de la compañía brasileña. Por esta misma operación, también se han dictado sendas órdenes internacionales de detención a Brasil y Colombia contra directivos en estos países de Emissao e Inassa.
¿Qué es la operación Lezo?
La operación Lezo son en realidad dos operaciones coordinadas y conjuntas del juez Eloy Velasco y su homólogo del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En ambas operaciones se investiga al consorcio público, Mercasa Incatema, participado al 51% por la SEPI, y que se encarga de la gestión y construcción de mercados mayoristas de abastos. Es el juzgado 5, el que lleva la investigación troncal de Mercasa, tras abrir una pieza separada del caso Defex, y el 6 se encarga de algunos aspectos colaterales de esta empresa, según fuentes de la Audiencia Nacional.
En la investigación sobre Mercasa se investiga a una serie de personas que firmaron un contrato para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en Luanda, la capital de Angola. En este contrato, de más de 500 millones de dólares, se investigan sobreprecios, pagos de comisiones y lucro personal de una decena de personas, que no han sido detenidos.
La causa abierta por De la Mata, en la que sí ha habido registros, se investigan delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal. Se trata de la primera vez que dos juzgados de la Audiencia Nacional se coordinan para investigar delitos económicos.
Operación Lezo
La Operación Lezo incluye también la imputación de cerca de 40 personas. Entre ellas se encuentran el presidente y el director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda. Ambos han sido citados para que comparezcan hoy como investigados. Este miércoles ya declaró como testigo Josep Creuheras, presidente del Grupo Planeta.
Entre los imputados también figura Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González. La casa de subastas que preside, Segre, fue registrada este miércoles por agentes de la Guardia Civil en busca de pruebas de supuesto operaciones de blanqueo a través de la compra de obras de arte. Esta empresa fue la encargada de subastar recientemente por orden del juez Velasco parte de las joyas que se intervinieron en la Operación Púnica.
Junto a este registro, los agentes de la UCO intervinieron abundante documentación el domicilio del expresidente de Madrid, en el que permanecieron cerca de diez horas. En el mismo utilizaron perros adiestrados en la detección de billetes. Tras ello, se desplazaron al despacho que Ignacio González había abierto en el centro de Madrid tras abandonar la política. También fueron registradas la sede del Canal de Isabel II y de empresas privadas como Urbaser y Auditel.
La operación tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en octubre de 2015 ante la sospecha de irregularidades en la gestión de Canal de Isabel II. Al frente de las mismas están los fiscales Carmén García Cerdá —que también participa en el caso Púnica— y Carlos Yáñez. A estas diligencias de investigación se incorporó posteriormente la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid tras detectar en una auditoría encargada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes numerosas irregularidades en la operación para adquirir la empresa brasileña. En julio de 2016, Anticorrupción judicializó su investigación, que cayó en manos del juez Velasco. Las diligencias, declaradas secretas, investigan, entre otros, supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación y corrupción en los negocios.
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