El ‘Govern’ ve el diálogo bloqueado pero se da dos meses para pactar el referéndum

El tiempo se acaba para evitar que la crisis catalana desemboque en un marasmo de consecuencias imprevisibles. Dos meses. Este es el plazo con el que trabaja la Generalitat para encontrar una vía de negociación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy que permita un improbable referéndum pactado o una salida que evite unas elecciones inmediatas en Cataluña. La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, verbalizó el jueves la situación. Haciendo un juego de equilibrios, insistió en que durante los próximos dos meses seguirán los intentos para negociar pero que prolongarlo más allá les llevaría “al colapso”.

La advertencia de la número dos de Carles Puigdemont iba destinada al Gobierno de Mariano Rajoy, pero también tenía una variable de consumo interno para las filas soberanistas. Atenazado por los antisistema de la CUP, que piden fijar ya el día y la pregunta para el referéndum sea o no pactado, Puigdemont está intentando mantener viva la posibilidad de una vía acordada que es en la que se encuentran más cómodos los votantes de la extinta Convergència y que hoy intenta recuperar el Partit Demòcrata Català (PDeCAT). Serán dos meses en los que las llamadas a negociar un eventual referéndum pactado con el Gobierno irán acompañadas de gestos hacia el independentismo radical para evitar que se rompa la mayoría de gobierno en Cataluña. Por lo tanto, Puigdemont llamará a Mariano Rajoy para volverse a reunir mientras intenta mantener los preparativos de un referéndum en contra de las advertencias que el Tribunal Constitucional y la fiscalía le han hecho llegar por tierra, mar y aire.

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La consejera de Presidencia, Neus Munté, quiso hacer llegar este mensaje repleto de equilibrismo tanto al Gobierno como a sus socios en una entrevista a la agencia Efe. Remarcó este jueves que el diálogo con el Gobierno central está “bloqueado”, pero que se da dos meses de margen para pactar el referéndum de independencia antes de dar el paso al unilateral. “Mantenemos la bandera del diálogo pero mantenerla para siempre nos lleva al colapso, porque es incompatible con la determinación de que este referéndum se puede hacer y tenemos que poderlo hacer, porque así lo quiere la mayoría de la ciudadanía”, dijo.

Elecciones a la vista

En un intento de calmar a los sectores del Govern y de la CUP que exigen pasar ya a la acción, Munté añadió que estos dos meses también son necesarios para que las entidades soberanistas agrupadas en el llamado Pacto por el Referéndum culminen su labor de buscar aliados para la votación. “El plazo no es un capricho”, dijo. “Las entidades nos han pedido un tiempo y, a partir de ahí, fijaremos el momento en el que dar un paso más”, añadió.

Munté hizo un último intento para tranquilizar a sus propias bases asegurando que mantienen la apuesta por la celebración del referéndum en septiembre pese a los abultados problemas que están surgiendo dentro de la mayoría gubernamental. Y es que a nadie se le escapa, incluso en las filas soberanistas, que existe una lucha soterrada entre los partidos que forman el Gobierno catalán (PDeCAT y Esquerra Republicana) para ver quién asume los riesgos de organizar un referéndum. La refundada Convergència ha visto como han inhabilitado a tres de sus dirigentes, empezando por el líder Artur Mas, por la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014, y se lo quiere pensar dos veces antes de dilapidar más capital humano y político.

Esto provoca que sus socios de ERC y de la CUP desconfíen, una situación que ayer se agravó sobremanera con la filtración de unas declaraciones privadas del número tres del PDeCAT, David Bonvehí, que venían a corroborar que el partido intentará volver a la vía de la moderación si fracasa el referéndum. En una grabación de un diálogo con cuadros del partido, el pasado 31 de marzo, difundida por eldiario.es, Bonvehí dijo que buscarán “un candidato autonomista” para presentar a las elecciones si no se puede hacer el referéndum. Y añadió que la nueva Convergència “no puede ser más radical que ERC y la CUP”. La oposición catalana interpretó estas palabras como una señal inequívoca de que el proceso independentista toca a su fin y que habrá elecciones y no un referéndum.