El Parque Científico y Tecnológico de Girona entra en liquidación
La Abogacía del Estado rechaza un cheque de la Generalitat de 5 millones por no ser de cobro inmediato
El Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona (UdG) ha entrado en fase de liquidación. La Abogacía del Estado ha rechazado un cheque de 5 millones de euros de la Generalitat. Lo ha decidido porque estaba supeditado a "una serie de trámites administrativos que se prorrogaban al menos ocho o diez meses" y que, a la vez, "quedaba invalidado si no se cobraba antes de tres meses", según ha explicado el rector de la UdG, Sergi Bonet. El parque entró en concurso a principios de 2015 y llevaba dos años intentando evitar la situación en la que se encuentra ahora.
La junta de acreedores no ha podido firmar el acuerdo que fijaba como saldar la deuda con el Estado y los bancos y el juez del mercantil ha declarado la liquidación. Por su parte el subdelegado del Gobierno en Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante ha destacado “el compromiso del Estado en seguir trabajando para garantizar la continuidad del parque”. Sin embargo, el secretario de Universidades de la Generalitat, Arcadi Navarro, ha declarado que "es terrible que [el Estado] ponga excusas de mal pagador". Y ha añadido: "No existe la posibilidad legal que, sin ninguna solicitud formal, la Generalitat haga un cheque al contado a nadie".
El Estado perdonó 7,5 millones al parque tecnológico de los 27,3 que le debía a cambio de que la Generalitat aportara en metálico la parte condonada. Al final, el Gobierno catalán dijo que solo podía asumir 5 millones y los 2,5 restantes los aportó UdG. Después de que ayer por la tarde la Generalitat ingresara ante notario el cheque de 5 millones de euros requeridos por Hacienda, en la junta de acreedores prevista este jueves por la mañana en el Juzgado Mercantil prácticamente se daba por hecho el acuerdo para firmar un convenio que evitara la liquidación del parque.
Sergi Bonet ha lamentado que "después de dos años y medio de esfuerzo importante para conseguir 13,4 millones de euros, se ha llegado a la liquidación, a este momento de no poder tener esta cantidad por falta de 5 millones". No obstante, ha asegurado que hará todo lo posible para que el Parque continúe con actividad.
A partir de ahora el patronato se sustituirá por un administrador concursal que se hará cargo del complejo y pondrá en marcha un plan de liquidación, una nueva etapa de venta de los activos del parque que se puede alargar hasta dos años. El asesor del Parque, Josep Pujolràs, ha explicado esta tarde la situación en que se encuentra el parque a sus trabajadores y les ha asegurado que por delante en principio tienen un año de “absoluta normalidad, porqué –desde que está en concurso no ha tenido que pagar sus deudas- y el parque tiene tesorería para garantizarla”. En este sentido, ha apuntado que el periodo de apertura de liquidación va sujeto a un plan liquidación que debe preparar el administrador concursal y el juzgado lo debe aprobar antes de 15 días. Calcula que puede estar aprobado en septiembre, después la primera fase, que es la de venta de las unidad productiva, tendrá un periodo de entre 3 y 6 meses para recoger ofertas.
La UdG es propietaria del 60% del parque, que cuenta con un centenar de empresas y 1.300 trabajadores, por lo que la parte que entra en liquidación supone el 40% de la superficie del complejo, repartidos en diferentes partes de edificios. Además, dispone del derecho de superficie de todo el parque, por lo que decide qué empresas se instalan. Según Pujolràs, la limitación de usos de la superficie condiciona la llegada de cualquier adquiriente, “pero a la vez es la mayor protección para que estos activos se sigan destinando a lo previsto, que son usos universitarios o de investigación”.
“Dada la dificultad que habrá para que haya un adquiriente en un mercado libre que pueda acceder a estos activos, será necesario que las administraciones vehiculen un procedimiento para que se le de el uso que debe tener”, ha mantenido el asesor a quien le gustaría creer “que las administraciones se pondrán de acuerdo para crear un vehículo jurídico que permita que en la venta de unidad productiva haya los mínimos cambios posibles”. Considera que a pesar de que “no se puede descartar que el parque pueda cerrar, porqué teóricamente es posible, es altamente improbable”.
El parque tenía una deuda de 42,3 millones de euros con los bancos y con el Estado cuando entró en concurso en enero de 2015. De los 27,3 millones debía al Estado, este los dividió en dos partes de 13,4 millones, que se tenían que pagar al contado, y 13,8 millones más. De esta segunda parte perdonó el 45% (7,5millones) pero a cambio de que la Generalitat asumiera el pago de la misma cantidad al contado de la primera parte.
