Las eléctricas se resisten a firmar el convenio de pobreza energética

El presidente Carles Puigdemont; la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el mundo municipalista en pleno pusieron un ultimátum, el pasado enero, a todas las empresas comercializadoras de energía que operan en Cataluña. Antes de este viernes deberían firmar los convenios contra la pobreza energética estipulados en la ley catalana aprobada en el verano de 2015. Unos acuerdos que implican, entre otras cosas, pagar con sus beneficios el 50% de la factura de las familias vulnerables. A día de hoy, si bien las negociaciones continúan, ninguna eléctrica se ha avenido a firmar y ven difícil hacerlo, especialmente hasta que no se aclare la normativa estatal que regule el bono social.

Las empresas se resisten principalmente por las mismas razones que esgrimen las grandes empresas como Gas Natural, Endesa, Iberdrola o EDP. Consideran que ya colaboran ayudando a los pobres energéticos a través del bono social, si bien creen que se deben incluir factores de progresividad y de renta. Para ellos, el bono social y las ayudas fijadas por ley en Cataluña son una “doble penalización”, especialmente para empresas que en algunos casos tienen menos de 1.000 abonados.

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Barcelona hizo público una reunión de las Administraciones y las comercializadoras de energía más pequeñas como HolaLuz, Som Energía y Nexus, entre otras, para buscar un pacto que dejara en evidencia al “oligopolio energético”. Pero allí se encuentran con los mismos argumentos que usan las más grandes.

Barcelona resalta la buena voluntad de las comercializadoras más pequeñas pero éstas solo representan un 6% del consumo. “No se han negado a nada, pero tampoco se han comprometido a nada”, sintetizó un asistente al encuentro. Generalitat y Ayuntamiento han modificado los términos iniciales del modelo de convenio presentado en enero para intentar seducir a las compañías.

Las empresas buscan negociar un baremo para determinar cuánto sería la ayuda de cada uno, si usando el número de abonados o de energía comercializada. Las eléctricas consultadas creen que no es un tema que se pueda cerrar en tres días, teniendo tantos intereses contrapuestos en la misma mesa.

La bajada a la arena de Puigdemont y Colau sobre este tema no ha tenido el efecto que esperaban ambas Administraciones. De hecho, ni siquiera las empresas que concursaron para llevarse el contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento han dado el paso, si bien la cláusula que terminó por invalidar el pliego así lo pedía en el plazo de un mes.

La teniente de alcalde Laia Ortiz ha presentado este martes un nuevo dispositivo mediante el cual los CAP y los bomberos también ayudarán a detectar casos de pobreza energética. La regidora no reveló cuál será el plan B del Consistorio si el viernes no hay firma, aunque explicó que la línea de trabajo es tener programas que permitan luchar contra el problema social sin hacer crecer la deuda contraída con las empresas. Ortiz aseguró en noviembre que dejaría de pagar a las eléctricas sino firmaban los convenios, algo que nunca sucedió.