Colau ve en las plusvalías una nueva burbuja inmobiliaria

La recaudación del Ayuntamiento de Barcelona por plusvalías —lo que declara quien vende una propiedad inmobiliaria por el incremento de su valor— alcanzó el año pasado la cifra récord de 175 millones de euros. Un indicador que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau entiende que es señal de que en la ciudad hay una nueva burbuja inmobiliaria. “Durante 2016 el mercado inmobiliario ha protagonizado un salto de una magnitud muy difícil de prever a finales de 2015”, afirma el portavoz del Ejecutivo y teniente de alcalde de Economía, Gerardo Pisarello.

"Este crecimiento exponencial de las transacciones inmobiliarias nos debe preocupar en términos de ciudad porque nos alerta de que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria y ante una escalada de precios”, añade. De 2015 a 2016 la recaudación municipal por plusvalías aumentó un 4%, pero si se retrocede cuatro años atrás, se ha doblado. En 2012 el consistorio recaudó 86 millones por el mismo concepto. Y hay que retroceder hasta antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de la década pasada, hasta 2007, para encontrar una recaudación superior a 100 millones (105,8).

La plusvalía se paga a los Ayuntamientos por un total de 19 formas de cambio de propiedad, pero del total, las dos que mayor peso tienen son la compraventa de inmuebles (cuya oscilación retrata el mercado inmobiliario) y las herencias o legados (que no dependen del mercado sino de las defunciones). En el caso de las compraventas, las cifras corresponden a operaciones sobre cualquier inmueble, no solo viviendas. También incluyen aparcamientos, oficinas y locales comerciales.

Este crecimiento nos alerta de que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria y ante una escalada de precios”, avisa Gerardo Pisarello

Además de aumentar la recaudación, del año pasado también es destacable que aumenta igualmente la cifra de transmisiones por compraventas. En 2016, las autoliquidaciones indican una cifra de operaciones de casi 26.000 (25.994), un 13,2% más que en 2015 y más de un 40% más si retrocedemos a 2013, el primer año en el que este dato aparece desglosado.

Ante estos indicadores, el portavoz del ejecutivo municipal lamenta que los ayuntamientos tienen “herramientas limitadas para prevenir estas burbujas inmobiliarias”. Y apunta que el consistorio “ha dado máxima prioridad” a las políticas de vivienda y que está haciendo el “máximo esfuerzo” para generar un parque propio de vivienda, un capítulo en el que cree que la Generalitat debería “hacer más”.