Puigdemont prepara la maquinaria electoral para unas autonómicas

El Gobierno catalán ha empezado a engrasar su maquinaria electoral. El miércoles, coincidiendo con la inclusión en la ley de presupuestos de una partida para celebrar un referéndum de independencia, abrió un concurso para homologar a las empresas que proveerán los sobres y las papeletas necesarias para celebrar elecciones al Parlamento de Cataluña. El Gobierno catalán niega que la licitación tenga que ver con la consulta y señala que el concurso sí podría servir para las llamadas “elecciones constituyentes” que los independentistas quieren celebrar tras ese hipotético referéndum si gana el sí a la secesión.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont intentó transmitir ayer la idea de que, pese a esta licitación, todo su empeño sigue puesto en preparar el referéndum y que no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones. Con todo, insistió en separar el concurso público del referéndum. Algunas fuentes sostenían que sí existe la posibilidad de forzar el texto de la licitación y utilizar a esas empresas para preparar las papeletas y los sobres de la consulta secesionista. La mayor parte de los consultados, no obstante, negaban esa posibilidad.

Los partidos de la oposición evitaron también vincular ese concurso al referéndum. Solo la entidad privada antiindependentista Societat Civil Catalana, a través de un tuit, planteó que se pudiera utilizar esa licitación para la consulta: “¿No serán astutamente para el referéndum? En caso de ser así, sería malversación de fondos públicos”, escribió.

Difícilmente una empresa asumiría la responsabilidad de elaborar las papeletas para un proceso electoral diferente al que ha concursado y, más si cabe, ante un más que probable veto del Tribunal Constitucional.

El concurso no supone el inicio inmediato de la compra de los sobres, las papeletas, los manuales para las mesas electorales u otra cartelería propia de las elecciones, pero sí permitirá agilizar el proceso de esa adquisición cuando sea necesario. De momento, las empresas interesadas en ese negocio tienen de plazo hasta el 3 de mayo para presentar sus ofertas ante un hipotético concurso valorado en un máximo de 775.714 euros (IVA incluido) y mostrar sus credenciales. Las que queden seleccionadas podrán optar finalmente al concurso o a los que se produzcan en sucesivas convocatorias de elecciones autonómicas en los próximos cuatro años.

Distintas fuentes aseguraron que el acuerdo publicado el miércoles lleva meses trabajándose y que se inspira en el que utiliza el Gobierno central. Algunas señalaban que ese proceso viene del inicio de la legislatura, cuando la presión de la CUP para desbancar a Artur Mas generó una sensación de inestabilidad y planteó la posibilidad de que se tuviera que producir un adelanto electoral en cualquier momento. Otras afirmaban que ese interés se avivó en mayo pasado, cuando la CUP vetó los Presupuestos de 2016 y Carles Puigdemont apostó su continuidad a la celebración de una cuestión de confianza.

Paralización frustrada

Al final, el concurso se publicó en el Portal de la Transparencia el miércoles, tal y como avanzó La Vanguardia. Fuentes del Gobierno explicaron que se intentó frenar para evitar susceptibilidades en el actual momento político, pero fue imposible. El Departamento de Gobernación, dirigido por la convergente Meritxell Borràs y responsable de los procesos electorales, se hace cargo de la convocatoria, aunque toda la estrategia y organización del referéndum recae sobre el Departamento de Economía, pilotado por el vicepresidente, Oriol Junqueras.

Desde el PDeCAT no se duda en acusar al republicano Junqueras de no haber avanzado con los trabajos de preparación del referéndum. El Diario Oficial de la Generalitat no ha publicado ningún concurso al respecto, como el del sistema informático o las urnas.