El Parlament desoye a los letrados y destina recursos para el referéndum

Junts pel Sí y la CUP aprobaron ayer los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Y mantuvieron la disposición adicional que garantiza la habilitación de recursos económicos para organizar y convocar el referéndum independentista, que el Consejo de Garantías Estatutarias había considerado contraria a la Constitución y al Estatut. Los letrados del Parlament advirtieron, antes de la votación, del riesgo que entraña ese artículo sin que el bloque independentista les hiciera caso.

Como en plenos anteriores en los que se votaron cuestiones vinculadas con la hoja de ruta independentista de Carles Puigdemont, el debate de ayer acabó en un ambiente bronco y fuertemente dividido. La tensión creció a partir del momento en el que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se vio obligada a leer una nota redactada por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona. En ella se advertía que la disposición cuestionada y las enmiendas para subsanar el dictamen del Consejo de Garantías “están afectadas por la declaración de nulidad” de un auto del Tribunal Constitucional sobre el proceso político catalán y que hacer caso omiso derivaría en “responsabilidades”.

Esas apreciaciones divergían de las realizadas por los mismos letrados en un informe del jueves, en el que no se detectó ningún riesgo derivado de la votación. Forcadell dio cinco minutos a los grupos para reconsiderar sus propuestas. Ni Junts pel Sí ni la CUP se movieron. Pero sí el resto de la oposición, que trató de frenar la votación. Primero, solicitando una reunión urgente de la Mesa y, después, un encuentro de la junta de portavoces.

Todas esas peticiones fueron desoídas, con lo que se puso en marcha la votación. Al final, la disposición adicional contendrá dos párrafos diferentes. Uno respeta la propuesta de la CUP, con una leve modificación respecto a la original, que reza: “Habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”. Mientras que el segundo es una enmienda introducida por Catalunya Sí que Es Pot que garantizaría los recursos necesarios para convocar un referéndum si antes se ha buscado el reconocimiento de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Como dijo Joan Coscubiela (Catalunya Sí que Es Pot), el miércoles, con esa adición apoyada por Junts pel Sí se permite que la disposición defienda “una cosa y la contraria”.

El texto polémico, el propuesto por la CUP y que llegó a poner en peligro los Presupuestos por el dictamen del Consejo de Garantías, fue aprobado por 72 votos a favor y nueve noes de Catalunya Sí que Es Pot (CSQP). Los 54 diputados restantes evitaron votar. Los 62 diputados de Junts pel Sí votaron en bloque a favor con 9 de los 10 de la CUP (una diputada del grupo estaba de viaje). El voto 72 salió de la bancada de Sí que es Pot, en la que Àngels Martínez Castells, de Podem, se desmarcó de la disciplina de voto y apoyó “a conciencia” el texto. “El referéndum se tiene que hacer y lo razonable es que se habiliten partidas. La disposición de la CUP no es incompatible con la nuestra”, afirmó.

El Gobierno catalán ha asegurado siempre que la eliminación de la disposición adicional 31 no condicionaría una supuesta celebración del referéndum, insinuando que sería posible celebrarlo con el resto de partidas destinadas a procesos electorales, consultas y procesos participativos incluidas en la ley de Presupuestos. De hecho, así fue como se cubrió financieramente la consulta del 9-N.

Amenaza de la CUP

Sin embargo, la CUP amenazó con no votar a favor de las cuentas si se suprimía su disposición. Junts pel Sí tuvo que mantener el texto, pese al nuevo desafío que supone para el Estado. Ciudadanos, PSC y PP tienen intención de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, medida que previsiblemente también tomará el Gobierno central. En ese caso, la disposición adicional quedaría suspendida de forma automática a la espera de la sentencia definitiva.

La sesión parlamentaria de ayer confirmó la debilidad parlamentaria con la que cuenta Junts pel Sí. El conjunto de los Presupuestos se aprobó gracias a sus 62 votos y dos de la CUP, que mostró así su apoyo al referéndum y su rechazo a unas cuentas que no considera “sociales”. Su malestar deja una ajustada votación en el dictamen final, con 64 votos a favor, 62 en contra y siete abstenciones (de la CUP). Lo mismo que sucedió con la aprobación de la Ley de Acompañamiento, que incluye una batería de impuestos.