La Guardia Civil refuerza los indicios de financiación ilegal del PP de Rita Barberá

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La Guardia Civil ha reforzado los indicios de financiación ilegal del PP de Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia entre los años 1991 y 2015. Así se desprende de un nuevo informe que la Unidad Central Operativa ha entregado al juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula.

En él se recoge la declaración como testigo prestada por un exasesor del grupo municipal del PP en la que mantiene que Alfonso Grau, entonces vicealcalde de Valencia, le entregó en 2008, "en un sobre", 350.000 euros en billetes de 500, y le dijo que el dinero era para que "pagara los gastos electorales" de la campaña de 2007.

El testigo, Jesús Gordillo, afirmó en su declaración a la que ha tenido acceso EL PAÍS que se llevó "el dinero a casa y lo utilizó los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 para pagar a los distintos proveedores" electorales "y de esa forma saldar la deuda y cumplir lo que le habían encargado". Grau había dirigido la campaña de 2007 en la que Barberá obtuvo mayoría absoluta.

El exasesor municipal señaló igualmente que diversas empresas que tenían grandes concesiones municipales, entre las que cita a Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega, FCC, Luján y Lubasa pagaron actos electorales de la campaña de Barberá en 2007 a Laterne, la agencia que montó toda la campaña del PP de Valencia para aquellos comicios.

El juez aprecia indicios de malversación, cohecho y delito electoral en la supuesta actuación del grupo municipal popular descrita por Gordillo.

Facturas falsas

Los proveedores buscados por Laterne para materializar la campaña de 2007 tuvieron que rehacer las facturas que inicialmente habían emitido al PP "con los conceptos auténticos de los trabajos realizados", indicó el testigo. "Como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, se eliminaron [de las facturas] las alusiones a la campaña electoral. Los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número y por los mismos importes eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña política", pero esta vez dirigidas a Laterne por servicios simulados.

En paralelo, Laterne también emitió facturas por conceptos falsos a las empresas adjudicatarias de contratas municipales que habían entregado dinero para costear la campaña de Barberá, declaró el testigo. El objetivo de esa falsedad, ejecutada "por orden de Alfonso Grau", fue "ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados actos electorales en los que había incurrido el partido".

Además de los 350.000 euros en metálico presuntamente entregados por Grau al testigo en un sobre, el que fuera mano derecha de Barberá también dio instrucciones a Gordillo para "recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros" e ingresarlos en la cuenta de Laterne como pago de gastos electorales, según la declaración. En total, 500.000 euros a los que hay que sumar otro cheque de 150.000 que, según el testimonio, la secretaria general del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, le entregó a Gordillo con destino a Laterne para cancelar deudas electorales.

La procedencia de este último supuesto pago es un misterio para los investigadores, ya que el cheque no procedía de ninguna de las cuentas, ni las oficiales ni las opacas al Tribunal de Cuentas, del grupo municipal del PP que han detectado los investigadores.

En la documentación interna de Laterne entregada a la fiscalía por Gordillo a través del medio Valenciaplaza, figuran anotadas aportaciones de una quincena de empresas y fundaciones públicas a la empresa encargada de organizar la campaña de Barberá por un importe total de tres millones de euros. Los investigadores no creen, sin embargo, que todo ese dinero fuera a parar efectivamente a la campaña.

La declaración de Gordillo apunta, además, al establecimiento de un peaje de 150.000 euros que los empresarios debían pagar para acceder a adjudicaciones. Según el testigo, una de las sociedades del grupo Laterne, Product Management Council (PMC),  fue "creada para concurrir conjuntamente a licitaciones públicas de obras y servicios y así intentar repartirse el mercado". Con tal fin se produjeron reuniones con empresarios a las que acudieron el dueño de Laterne, Vicente Sáez Tormo y el cuñado de Barberá y letrado José María Corbín ("como abogado contratado al efecto, facturando por ello 3.000 euros al mes"). El testigo "cree recordar" que a estos encuentros "fue invitado Alfonso Grau". "Como requisito para entrar en este grupo" a los empresarios "se les exigía que realizasen una aportación de 150.000 euros". Gordillo agregó que PMC no tenía empleados y se encargaban de gestionarla los trabajadores de Laterne.

El origen, el blanqueo

La investigación sobre la financiación del PP de Valencia en la etapa de Barberá no ha finalizado, aseguran fuentes del caso. Pero sí se han reunido los indicios cuya posible destrucción justificaba el secreto de sumario de esta subpieza de la causa. Esta línea de investigación se deriva de las pesquisas sobre una supuesta operación de lavado de dinero negro para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.

Por estos hechos están imputados medio centenar de miembros del grupo municipal del PP de Valencia, incluidos nueve de sus 10 concejales, que han negado las acusaciones. Y fue el motivo por el que Barberá tuvo que declarar en el Tribunal Supremo en noviembre, dos días antes de fallecer. La exalcaldesa también proclamó su inocencia.

En los cuatro meses que ha permanecido vigente el secreto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado papeles y testimonios en fundaciones públicas municipales y empresas que han tenido contratas del Ayuntamiento. Todas ellas son sospechosas de haber pagado actos electorales a Laterne, la agencia de eventos que organizó la campaña de Barberá en 2007.

El juez Gómez abrió la subpieza secreta en noviembre a petición de la fiscalía y la UCO, tras observar indicios de "aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas" a aquella campaña, según un auto de 10 de noviembre hecho público este lunes. El magistrado apreció inicialmente que los nuevos hechos podían ser constitutivos de los delitos de malversación, cohecho y delito electoral. Y que resultaban indicativos de una "continuidad delictiva" en el grupo municipal que se extendía hasta el año 2015.

Los tres vértices de la financiación

Gordillo, el testigo que ha declarado que recibió 350.000 euros en metálico de Grau, era en 2008 trabajador de Laterne, después de haber sido asesor municipal del PP de Valencia. En la legislatura de 2011 a 2015 volvió a trabajar para el grupo municipal popular, pero antes de regresar al Ayuntamiento fue empleado, además, por Secopsa, empresa a la que el Consistorio adjudicó el mantenimiento de todo el mobiliario municipal.

La relación entre ambas empresas y el Ayuntamiento era tan estrecha que, según el testigo, entró a trabajar en ambas gracias a la influencia de Grau y fue el entonces vicealcalde el que "negoció el salario" que el ahora testigo iba a percibir en ambas mercantiles. Su testimonio, basado en su experiencia directa en las tres patas de la presunta financiación irregular del PP de Valencia, apuntala la tesis que mantiene la fiscalía.

El mismo sistema que en Gürtel

El sistema esbozado por la investigación es similar al que presuntamente utilizaron la trama Gürtel y la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana que presidía Francisco Camps para financiar las campañas electorales del mismo año 2007 y de 2008.

En Gürtel, el papel de Laterne lo realizaba Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes. Y el lugar de los contratistas municipales lo ocuparon nueve empresarios de la construcción y la obra pública, adjudicatarios de la Generalitat, que pagaron actos electorales a Orange Market. Así lo han reconocido ellos mismos en la parte del caso Gürtel en la que están procesados Vicente Rambla, Ricardo Costa y otros antiguos miembros de la dirección del PP valenciano.

El objetivo nuclear de la subpieza del caso Taula sobre la que ahora se ha levantado el secreto es reforzar los indicios de blanqueo de capitales de 2015. Esto es, la existencia de una práctica de pagos irregulares al grupo municipal que generaban dinero negro y explicarían el lavado de fondos de la última campaña local mediante el llamado procedimiento del pitufeo: muchas personas (50) lavan una pequeñas cantidad de dinero (1.000 euros cada una) para que la operación pase desapercibida.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha criticado que, a la vista de los nuevos datos, el PP acudiera "supuestamente dopado a las elecciones, haciendo trampas; un comportamiento contrario a la democracia y a las más elementales normas de las que nos hemos dotado como sociedad".

El caso Taula es una macrocausa de corrupción que ha revelado, entre otros supuestos delitos, la existencia de una trama del 3% en el seno del PP valenciano,