La fiscalía pacta con Alavedra y otros tres acusados por el ‘caso Pretoria’

Siete años y medio después de que la Guardia Civil actuase por orden del juez Baltasar Garzón, este lunes arrancó en la Audiencia Nacional el juicio del caso Pretoria  de corrupción urbanística. En el banquillo se sientan 11 acusados y la fiscalía inició las sesiones cerrando un pacto con dos de ellos y ofreciendo un acuerdo a otros dos. El más importante de estos últimos es Macià Alavedra  el que fuera consejero de Economía con Jordi Pujol durante nueve años y al que siempre se relacionó con el sector de los negocios de la extinta Convergència. Al igual que Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia durante una década y que también se sienta en el banquillo.

El fiscal solicita para cada uno de ellos seis años de cárcel. La rebaja de la petición de pena para el exconsejero está condicionada a lo que declare y al pago de una multa de 10,3 millones de euros, por lo que esa intervención en el juicio podría suponer un nuevo revés para Artur Mas y el PEDCat en el peor momento para ambos, similar al ya sufrido por el caso Palau y las declaraciones de Fèlix Millet y Jordi Montull. Por si esto fuera poco, el tribunal ha admitido que se escuchen en la vista unas conversaciones telefónicas comprometidas en las que Alavedra habla con Mas y con Pujol y que la fiscalía considera que acreditan el delito de tráfico de influencias

El otro acusado que podría ver reducida la pena en función de su declaración es el empresario Manuel Carrillo. Con quien la fiscalía ya ha cerrado el acuerdo es con los presuntos testaferros de Alavedra. Son Philip Macmahan, quien reconoció que ayudó a Alavedra a evadir impuestos y Gloria Torres, que tenía a su nombre en Andorra una cuenta que en realidad era del exconsejero. Ambos aceptaron medio año de cárcel a cambio de reconocer los hechos y ausentarse de las sesiones del juicio. El primero pagará una multa de 2,6 millones de euros y la segunda, de 315.000 euros.

El caso Pretoria se refiere a tres operaciones urbanísticas realizadas en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. En la cúspide se sitúa el exdiputado del PSC Luis García Sáez, Luigi, considerado el conseguidor y para quien el fiscal pide penas ocho años de prisión, la misma que para Bartomeu Muñoz, exalcalde socialista de Santa Coloma. Se calcula que el fraude presuntamente cometido entre 2001 y 2009, pudo ascender a 45 millones de euros. En el banquillo también se sientan Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló y la esposa de Prenafeta, María Lluisa Mas Crussels.