El Superior anula la parte de la ordenación urbanística de Lugo por la que está imputado Besteiro

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha fallado “anular en parte"  el planeamiento urbanístico de Lugo, "en el exclusivo extremo relativo a la ordenación urbanística de la unidad de actuación CS-5 (hoy URPI 58) que es contraria a derecho”. Esta actuación, conocida como Garañón, es la parte del planeamiento que está siendo investigada por la juez Pilar de Lara, que mantiene imputados en la causa al exalcalde socialista Xosé López Orozco y el entonces su mano derecha y edil de Urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro. Estas imputaciones, además de las del caso Pulpo, que investiga su etapa como presidente de la Diputación de Lugo, precipitaron la estrepitosa caída del que hasta el año pasado era líder de PSdeG.

El fallo del alto tribunal gallego llega después del recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Cultural en Defensa de las Cuestas del Parque Rosalía de Castro “contra la orden de 29 de abril de 2011 de la consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras publicada en el Diario Oficial de Galicia de 16 de mayo de 2011 por la que se aprueba definitivamente de forma parcial el Plan General de Ordenación Municipal”.

La sentencia, del dos de marzo, tumba “la ordenación urbanística de toda la unidad de actuación” relativa a las torres del Garañón por ser “contraria a derecho”, según ha puntualizado el abogado de la asociación Julio López Ferro. Concreta que se invalida igualmente “todo el convenio, el PERI y el convenio de compensación”, lo que significa, resume el letrado ourensano, que “en estos momentos no hay ordenación urbanística en esa unidad de actuación”.

Dicha sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque alerta Ferro que de “lo contrario habría que proceder a la demolición y a la restauración de todo lo indebidamente construido ahí”. “Es demoler y restaurar, volver al principio pero restaurando”, incide. López Ferro ha abundado en que “hasta ahora solo se está calculando los gastos del proyecto de demolición pero no se están calculando los gastos de restaurar el bien al estado anterior”.

La alcaldesa, la socialista Lara Méndez, anunció hace una semana que se dispondrá de una partida de 300.000 euros, en estos presupuestos municipales, para la demolición de estas torres que se sitúan a los pies de las cuestas del parque Rosalía de Castro, el principal pulmón verde de Lugo.

El abogado no oculta que la satisfacción con respecto al fallo judicial no es plena, dado que la asociación buscaba la anulación de todo el plan de ordenación pero en la sentencia no se le reconoce “legitimación” para recurrir todo el Plan General de Ordenación Municipal “por los objetivos de la asociación”.

En la sentencia del TSJG se reconoce a la asociación como “una asociación cultural en la defensa del parque Rosalía de Castro y su entorno y en cuyos estatutos se establecen como fines de la misma: defender el parque y su entorno de las agresiones urbanísticas y de todo tipo, defensa de la panorámica que desde el parque se divisa” o “defensa del entorno paisajístico”.

Igualmente Julio López Ferro ha asegurado finalmente que con el Garañón “lo que se discutía [en la actualidad] era si se podía presentar un proyecto de legalización" y "ya no se puede presentar porque está anulada toda la ordenación”, proclama.

Dicha urbanización, paralizada en su día por la juez De Lara, titular del juzgado número 1 de Instrucción, ha llevado a la imputación, entre otros, del exalcalde, Xosé López Orozco, y del ex secretario general del PSdeG y ex concejal de urbanismo, Gómez Besteiro. La magistrada investiga si Besteiro logró un considerable trato de favor por parte de un constructor a la hora de adquirir y remodelar su piso a cambio de propiciar la licencia para las torres.